Una juez investiga a 14 altos cargos del Gobierno por el rescate de Plus Ultra
Abre causa por malversación contra el Consejo de la SEPI que avaló las ayudas
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias de investigación sobre el proceso de rescate a la aerolínea Plus Ultra por un posible delito de malversación de caudales públicos contra el expresidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Bartolomé Lora, actual vicepresidente, y todo el consejo de administración que avaló la medida.
Esto implica que tiene en el punto de mira a catorce altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, pues el consejo de la SEPI lo componen cuatro secretarios de Estado (Defensa, Hacienda, Energía y Economía), otros cuatro subsecretarios, incluido el de Presidencia, un secretario general y dos directores generales de otros tantos departamentos ministeriales.
En un auto fechado el 8 de abril, la instructora incoa diligencias al entender que podría concurrir una «infracción penal». Da traslado a la Fiscalía para que informe y a los propios denunciados. Además, requiere a la SEPI para que aporte todo el expediente del rescate de la controvertida aerolínea con accionariado venezolano.
La causa se incoa a partir de una denuncia de Manos Limpias, que ya había denunciado la ayuda de 53 millones de euros que ha recibido Plus Ultra so pretexto de su carácter «estratégico» sin que fuese admitida a trámite. A finales de marzo amplió aquel escrito y dirigió la actuación contra todo el consejo de administración de la SEPI así como contra el presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, y sus principales accionistas por delitos de malversación, corrupción y tráfico de influencias. La juez, en esta fase preliminar, califica las diligencias como de malversación y se centra en los consejeros de la sociedad estatal.
El rescate de Plus Ultra no está exento
«Estamos tranquilos»
La aerolínea expresó ayer su tranquilidad y convencimiento de que la SEPI obró correctamente
de polémica dentro y fuera de los tribunales. En el Supremo está pendiente una querella de Vox por los mismos hechos y la oposición empuja para analizar el tema en el Congreso.
La operación supuso un desembolso de 53 millones de euros –con un préstamo participativo por valor de 34 millones y otro ordinario de 19 millones– en favor de una aerolínea relacionada con el chavismo y que lleva en pérdidas prácticamente desde su constitución. Los fondos eran para el rescate de empresas estratégicas en situación complicada por la pandemia, y ahí es donde está el conflicto, en consideración de que era un valor que salvar▶ en 2019 apenas operó el 0,1% de los vuelos en España, tiene diez millones de deuda y cinco de patrimonio neto
Desde la compañía, defendieron ayer que han sido «totalmente transparentes con los datos, procesos y requerimientos de la SEPI para acceder a la ayuda» y están por ello «absolutamente tranquilos». Recordaron que el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea dieron «un veredicto favorable» a la concesión de las ayudas públicas. Defienden así, que la actuación de la SEPI fue correcta.