Los obispos piden que el testamento vital incluya el rechazo expreso a la eutanasia
Creen que se pueden evitar abusos en la aplicación de la ayuda a morir
La Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó ayer su modelo de testamento vital para evitar posibles abusos con la nueva Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada por el Congreso el pasado mes de marzo. En el formulario, los obispos invitan a los ciudadanos a suscribir de su puño y letra que «no se aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el suicidio médicamente asistido» en caso de «llegar a padecer una enfermedad grave e incurable o sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica».
Durante la presentación del documento, el secretario general y portavoz de la CEE, monseñor Luis Argüello, afirmó que «una de las claves de la ley es la libertad de decisión, por lo que es importante dejar claro el rechazo a que se practique la muerte provocada».
La regulación del nuevo derecho a morir, que entrará en vigor el próximo 25 de junio, permite al médico presentar la solicitud de eutanasia a través «del testamento vital o de un documento equivalente legalmente» suscrito por el enfermo con anterioridad a la pérdida del uso de sus facultades. La ley, además, legitima al facultativo para solicitar y obtener el acceso a dicho documento sin necesidad de tener que consultarlo con los familiares.
El testamento vital fue reivindicado en la década de los ochenta por la asociación Derecho a Morir Dignamente con el objetivo de abrir caminos para considerar de forma absoluta la autonomía del paciente. Pero no fue regulado hasta 2002 en la Ley de Autonomía del Paciente. Allí se reconoció por primera vez el derecho de las personas a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y tratamientos en caso de no poder expresarlos personalmente una vez llegada la enfermedad. Con la aprobación de la eutanasia, los obispos han decidido utilizarlo para «evitar abusos de aplicación de la ley cuando no se puede manifestar el consentimiento informado», explica la CEE.
Autonomía del paciente
A enero de 2021, 336.329 instrucciones previas figuraban en el Registro Nacional que depende del Ministerio de Sanidad. De ese total, la mayoría (186.314) corresponden a personas mayores de 65 años y apenas 35 a menores de 18. Solo Andalucía y Navarra permiten, expresamente, la inscripción de menores emancipados o con 16 años cumplidos, mientras que la Comunidad Valenciana acepta la de menores emancipados y Aragón, tanto a menores emancipados como a mayores de 14 años.
Las comunidades con una tasa más elevada de voluntades anticipadas por cada mil habitantes son Navarra (15,90), País Vasco (14,21), Castilla y León (12,29) y La Rioja (11,52). Las que menos inscripciones presentan son Extremadura (2,06), Murcia (3,44), Madrid (5,10) y Andalucía (5,16). La media española es de 7,09.
Para que tengan validez, las instrucciones previas tienen que ser inscritas en el registro de su respectiva comunidad
Registro autonómico
«No vale con llevarlo en la cartera y ponerlo en la mesilla del hospital. Tiene que ser registrado»
autónoma. «No vale con llevarlo en la cartera y ponerlo en la mesilla del hospital. Tiene que ser registrado en un registro público, para que se incorpore al historial del paciente», recordó ayer el obispo auxiliar de Valladolid.
En el formulario presentado ayer –además de rechazar la eutanasia–, la Iglesia anima a los ciudadanos a pedir que se les administren «los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento» pero que no se prolongue «abusiva e irracionalmente» el proceso de muerte.
Los obispos esperan poder llegar a un acuerdo con aquellas regione que cuentan con un «texto propio» sobre las instrucciones previas. Son los casos de Madrid, Andalucía y Aragón. El resto no tienen formularios preestablecidos por lo que los ciudadanos interesados podrán presentar el modelo que ofrece la CEE en su web. El portavoz de los obispos pidió a los ciudadanos que «consulten la regulación de su comunidad de residencia para asegurar que se cumplen todos los requisitos legalmente exigidos para inscribirse y asegurar su eficacia futura».