El Parlamento Europeo cierra el último capítulo del Brexit
ticos, que él asumió los costes, sus detractores creen que Johnson pudo haber devuelto el dinero solo después de que se destapara el escándalo.
«El primer ministro dejó de hablarme sobre este asunto en 2020 cuando le dije que pensaba que sus planes de que los donantes pagaran en secreto por la reforma eran poco éticos, tontos, posiblemente ilegales y que casi con certeza rompían las reglas sobre la declaración adecuada de donaciones políticas si se llevaban a cabo de la forma en que él quería», denunció Cummings en un explosivo post en su blog personal la semana pasada, en el que añade▶ «Me negué a ayudarlo a organizar esos pagos. Por tanto, mi conocimiento sobre ellos es limitado», señaló el exasesor, pero se ofreció a ofrecer a la Comisión Electoral la información de la que dispone.
En medio de este ambiente enrarecido en torno a Boris Johnson, Christopher Geidt, exsecretario privado de la reina Isabel, fue nombrado ayer asesor independiente sobre los intereses de los ministros, con la tarea de supervisar el código de conducta ministerial del Gobierno. Su primera tarea será, precisamente, investigar la financiación de la remodelación del apartamento de Downing Street del primer ministro.
Geidt reemplaza en ese puesto a Alex Allan, quien presentó su renuncia al mostrarse en desacuerdo con Johnson por las acusaciones de que la ministra del Interior, Priti Patel, violó el código ministerial al gritar y maldecir al personal.
«El primer ministro se complace en anunciar que hoy ha designado a Lord Geidt como Asesor Independiente sobre Intereses de Ministros», dijo ayer el Gobierno en un comunicado recogido por Reuters. «El primer ministro y Lord Geidt han acordado que Lord Geidt comenzará por determinar los hechos que rodean la remodelación del piso de Downing Street y asesorar al primer ministro sobre cualquier registro adicional de intereses que pueda ser necesario», indica la nota.
Por una imponente mayoría de 660 votos a favor, 32 abstenciones y 5 votos simbólicos en contra, el Parlamento Europeo ratificó ayer el acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido que regulará las relaciones económicas y políticas entre los dos antiguos socios. La votación marca el final definitivo de 47 años de pertenencia británica a las instituciones europeas.
Los parlamentarios europeos han tardado cuatro meses para tomar esta decisión, lo que se interpreta como una fórmula para resaltar la irritación que les produjo que el acuerdo fuera firmado antes de que esta institución pudiera dar su visto bueno. El trámite pone fin también a más de cuatro años de espinosas negociaciones entre Londres y Bruselas para llevar a cabo la desconexión primero y la definición de las reglas en las que se basan sus relaciones a partir de ahora.
Muchos eurodiputados se han quejado de que incluso antes de que se hubiera confirmado la ratificación del acuerdo, el Gobierno británico ha incumplido ya algunas de sus disposiciones, sobre todo las que se recogen en el llamado Protocolo Irlandés.
Minimizar daños
El acuerdo ahora ratificado fue alcanzado ‘in extremis’ por los negociadores en la noche del 24 de diciembre de 2020, apenas unas horas antes de que terminase el plazo para evitar una desconexión desordenada. Los eurodiputados han subrayado que el Brexit ha sido un error histórico por lo que el acuerdo es un instrumento esencial para minimizar los daños. El viernes día 30 terminaba el periodo transitorio que habían acordado las partes para dar tiempo a esta ratificación.
Las relaciones de la UE con el Reino Unido están lejos de ser idílicas. El tema irlandés, sobre todo, es el aspecto que más dolores de cabeza va a dar a las dos partes porque los nacionalistas británicos rechanzan la exigencia de que haya controles de mercancías entre la isla de Gran Bretaña y la provincia de Irlanda del Norte, a cambio de que no se instaure una frontera en la propia Irlanda. La cuestión de Gibraltar ha sido cerrada en falso por el Gobierno de Madrid con una propuesta que permitiría incluir a la colonia británica en el territorio Schengen, aunque para ello deberían aceptar la tutela española en sus controles fronterizos, incluyendo los de los vuelos procedentes del Reino Unido.