Bruselas se resigna a dar un ‘sí’ al plan de Sánchez si al menos no deshace la reforma laboral
∑La Comisión desconfía de la actitud del Gobierno, pero la presión de las grandes economías fuerza al Ejecutivo comunitario a dar más manga ancha
«En general, esperamos que los países nos presenten un paquete coherente de reformas e inversiones, pero corresponde a los países decidir qué reformas quieren emprender». Este es el criterio que ayer mismo recordó la Comisión Europea que usará para aprobar los planes de reconstrucción que están enviando los Estados miembros y de los que dependen los fondos que van a recibir en los próximos dos años para tratar de restablecer los daños causados por la pandemia. Según fuentes que conocen bien a la Comisión por dentro, en el Ejecutivo comunitario mantienen una «clara actitud de desconfianza» en el comportamiento del Gobierno español de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo la presión de Francia e Italia, incluso de Alemania, ha acabado por convencer a Bruselas de que lo más importante es volver a poner en marcha la economía europea cuanto antes y evitar un colapso de liquidez que amenaza a más de un país, para los que lo prioritario es que el dinero llegue cuanto antes, previsiblemente al final del verano. Para la Comisión, lo peor en estos momentos sería que se ensanchase aún más el diferencial con Estados Unidos y China, que ya están claramente en un rumbo ascendente, por los problemas políticos de un Gobierno tan heterodoxo como el español. Desde el BCE se han enviado también mensajes contundentes urgiendo a los responsables europeos a acelerar las cosas, o de otro modo incluso el gigantesco paquete de ayudas puede acabar siendo insuficiente para hacer que la economía europea levante el vuelo.
Los cuatro grandes países de la zona euro decidieron anunciar ayer conjuntamente la aprobación de sus respectivos planes de recuperación, precisamente para remarcar este mensaje de premura en la tramitación de los fondos de recuperación. Alemania, como era de esperar, lo envió en cuestión de minutos, mientras que los de los otros tres países seguían sin llegar ayer tarde. En todo caso, de lo que contaron los cuatro ministros de Economía se sabe que todos menos España prevén una bajada de impuestos. Alemania concentra el grueso de sus inversiones en la transición energética e Italia, que es el país que va a recibir más dinero, plantea al menos varias reformas en la función pública para agilizar su funcionamiento y prevenir la corrupción en los contratos públicos. Francia ha acabado siendo un aliado de España en las reticencias hacia las reformas (en Francia el debate se centra sobre todo en la de las pensiones) y su ministro Bruno Le Maire ha llegado a decir que no están vinculadas al desembolso de los fondos y que son «como la carne que es buena pero si se come mucha sienta mal».
Respecto a España, la Comisión ha conocido en las numerosas reuniones técnicas que ha mantenido con representantes del Gobierno que existen grandes discrepancias en el propio gabinete acerca de las reformas esenciales, sobre todo la del mercado de trabajo, y la impresión de los que conocen bien su funcionamiento es que sus dirigentes se han resignado a aceptar que si el Gobierno no es capaz de enviar una reforma laboral en la dirección que se espera, es decir en la de la liberalización y flexibilización de la legislación laboral, al menos confían en que no retroceda respecto a la que ya consiguió que hiciera el Gobierno anterior de Mariano Rajoy.
Hace unas semanas, el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, reaccionó ante lo que parecían indicios de que el Gobierno
pretendía derogar aspectos centrales de la vieja reforma con un paquete de declaraciones ‘ad hoc’ en las que recordaba que para España lo más importante debía ser una reforma laboral «integral y ambiciosa» para «abordar con seriedad la dualidad de su mercado laboral y los altísimos niveles de desempleo juvenil», porque «desde hace mucho tiempo la economía española adolece de debilidades estructurales que la pandemia ha hecho aún más visibles». Luego vinieron las entrevistas por separado de Dombrovskis con la ministra de Trabajo Yolanda Diaz, primero en persona, y al día siguiente por teleconferencia con la de Economía, Nadia Calviño. Formalmente, la Comisión dijo que estas dos reuniones habían sido «útiles y positivas» pero no pudo evitar que al presentarse por separado se evidenciara esta discrepancia radical en los aspectos esenciales del rumbo que debería tomar la economía española.
En todo caso, la Comisión sabe perfectamente cuál es la situación política del Gobierno y aunque ahora consienta que empiece a llegar el dinero sin haber definido un paquete de reformas, seguramente las recomendaciones que aparecen desde hace años cada semestre sobre los problemas en el mercado laboral, la sostenibilidad de las pensiones y los obstáculos a la unidad de mercado seguirán estando aún después de que se haya puesto en marcha el plan de recuperación.
A España le corresponden 140.000 millones del fondo de recuperación,