La ley climática suaviza su reforma encubierta de la Ley de Costas
Una enmienda ‘in extremis’ aclara que el recorte en las prórrogas no será retroactivo
Hay un artículo en la Ley de Cambio Climático que amenaza con llevar la norma ante el Constitucional nada más ser aprobada. La clave está en dos puntos que han suscitado el choque entre el Gobierno y las autonomías costeras del norte. Las regiones entienden que hay una modificación encubierta a la Ley de Costas que podría reducir las concesiones y prórrogas a empresas, explotaciones o negocios ubicados en el litoral de dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno lo ha negado reiteradamente, pero finalmente ayer el PSOE aceptó in extremis una enmienda de Ciudadanos en el Senado para clarificar la redacción de la ley y asegurar que la norma no será aplicada con retroactividad.
La ley por la que España dirá adiós a las emisiones de CO2 y, con ellas, a los coches contaminates, fue aprobada ayer en el Senado con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP. De 585 enmiendas presentadas, apenas hubo modificaciones al texto llegado del Congreso, solo algunas mejoras técnicas, dos enmiendas y dos transaccionales. Tampoco ha habido tiempo para más, lamentaban ayer la mayoría de los grupos políticos. La tramitación en la Cámara Alta ha sido exprés y solo ha durado 14 días, ya que se aplicó el procedimiento de urgencia. «Tenía que haber sido una ley de todos», lamentó ayer el senador del PP, Juan Juncal. «Hemos perdido la oportunidad de poner el broche de una ley que llevábamos tanto esperando», dijo Miguel Sánchez, de Ciudadanos.
Ahora el texto pasará de nuevo al Congreso, que previsiblemente aprobará la ley en las próximas semanas.
Pero la enmienda sobre las prórrogas en el litoral sí introduce un matiz. Fue solicitado el año pasado por el Consejo de Estado, al entender que la anterior redacción creaba inseguridad jurídica, así como por Galicia, la autonomía más beligerante en este sentido, aunque Cantabria, Asturias o País Vasco también se habían quejado. La Xunta entiende que la redacción afectaba a las prórrogas extraordinarias de la Ley de Costas, limitando el plazo máximo de las concesiones a
75 años, al tener una «evidente eficacia retroactiva tácita» y que creaba inseguridad jurídica. Calcula que están en riesgo las empresas asentadas en el litoral gallego, así como unas 5.000 edificaciones en la costa solo en su comunidad. Ahora, apuntan fuentes de la consejería de Medio Ambiente, esperarán a estudiar el articulado final antes de tomar decisiones sobre sus acciones legales previstas.
En principio, la redacción aprobada ayer mantiene que las prórrogas no superarán los 75 años, pero limitan la retroactividad al puntualizar que serán nulos los actos administrativos «que se dicten tras la entrada en vigor de esta Ley». «¿Dónde está la difilcultad?», dijo ayer el senador del PSOE, Fernando Lastra, para achacar la incertidumbre sobre los plazos al ‘indulto’ del PP de 2014. También lo proclamaron los socialistas gallegos en un comunicado, e insistieron en que solo podrán ser nulos «los actos posteriores a la ley», de forma que «el sector industrial del mar pueda tener total tranquilidad».
Sigue el problema
«Cuando ayer, entre Ciudadanos y PSOE acordaron aceptar la enmienda que toca este artículo, algo debe haber, pero no arregla el problema», recriminó por su parte Juncal, cuyo partido votó en contra de la enmienda. En su opinión no lo soluciona porque las concesiones que aún no han caducado sí se verán afectadas por la incertidumbre. También se mostró en contra Nerea Ahedo, por el PNV, que pidió que si el Gobierno quiere hacer modificaciones lo haga a través de la Ley de Costas.
En el Senado
La ley por la que España dirá adiós a las emisiones fue aprobada con el único voto en contra de Vox