Las empresas se alzan contra los ‘dedazos’ en el megacontrato sanitario de Sánchez
Un compañía ya ha impugnado una adjudicación al sentirse perjudicada
El exiguo grado de ejecución no es el único problema del megacontrato para la compra centralizada de material sanitario que puso en marcha el Gobierno en agosto del año pasado. También hay polémica entre las escasas compras que han cristalizado y que se corresponden con 57 millones de euros gastados de los 2.500 previstos inicialmente. A juicio de algunas empresas involucradas en este plan de Sanidad, hay comunidades autónomas que ignoran el espíritu del procedimiento al sellar acuerdos con firmas que no son las que ofrecían los productos detallados en los 11 lotes al precio más bajo.
Entre los 26 contratos por valor de 57 millones de euros que hasta el momento se han publicado en el Portal de Contratación hay dos, uno suscrito por Cataluña y otro por Castilla y León que incomodan y han despertado suspicacias. El malestar surge después de que en los pliegos de esta encomienda, el Ministerio de Sanidad determinara que el criterio fundamental para escoger proveedor sería, ante un mismo producto, el precio más bajo.
Las dos autonomías se sirvieron de un resquicio legal contenido en el acuerdo marco para firmar sendos contratos con una empresa que, en ninguno de los dos casos, ofertó los productos a los precios más baratos al presentar su candidatura como adjudicataria. Por ello, reclamaron unas características especiales en lugar de ceñirse a los productos exactos que se contemplan en los lotes. Esta maniobra, al menos según el espíritu que se desprende del pliego de condiciones del megacontrato, debería emplearse solo en casos excepcionales y este hecho molesta especialmente entre las empresas que ofertaron a precios más bajos. Se sienten perjudicadas y no entienden cómo el mecanismo de abastecimiento planteado por Sanidad abre la puerta a situaciones así.
A peor precio
La compra que realizó Cataluña de 720.000 mascarillas FFP3 a cambio de 1.873.080 euros quedó regulada por el lote 9, donde hasta doce empresas pasaron el ‘examen’ del ministerio para ser nombradas adjudicatarias. Cataluña entregó este millonario contrato a la compañía 3M, que había presentado inicialmente la segunda oferta más cara del lote▶ a 2,6 euros por unidad frente a los 0,94 euros de la opción más económica. La Consejería de Sanidad de la Generalitat solicitó, en este caso, un tipo de FFP3 con unas condiciones especiales, circunstancia que le abrió la posibilidad a realizar, en la práctica, una nueva licitación más a su medida pero amparada en el megacontrato. Finalmente se adjudicó cada mascarilla a un precio de 2,15 euros.