Una juez investiga prevaricación en el informe de Patrimonio sobre Meirás
∑Admite una querella de los Franco contra la técnico que elaboró el dictamen atribuyendo la titularidad de muebles y enseres al Estado
La titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, Cristina Díaz, investiga si hubo prevaricación en el informe que elaboró una técnico de Patrimonio Nacional por el que se declaraba que parte de los bienes y enseres contenidos en el Pazo de Meirás eran de titularidad estatal.
En un auto al que tuvo acceso ABC, la instructora atiende así a la querella presentada por la representación de la familia Franco, que se dirige contra la autora de aquel dictamen, la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito; y cuantos pudieron intervenir en su redacción y filtración a los medios.
La juez no admite a trámite la querella por un defecto de forma en el poder notarial necesario para formalizarla, defecto que de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario ya se habría subsanado. Aun así, abre causa porque en el relato que contiene esa querella, aprecia «hechos que pudieran ser constitutivos de delito». Los Franco señalan además de prevaricación, falsedad en documento público, estafa procesal, falsedad o alteración en testimonio pericial y revelación de secretos.
El asunto trae cuenta del litigio en Galicia por la titularidad del Pazo de Meirás. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña acordó en septiembre de 2020 ejecutar medidas cautelares de manera que todos los bienes muebles que contenía fuesen a parar a manos del Estado aunque técnicamente, la pugna era sólo por tres fincas registrales, no por lo que contenían. Esa es la conclusión, de hecho, a la que llegó la semana pasada la Audiencia Provincial, que anuló las cautelares devolviendo el mobiliario y los accesorios a la familia Franco.
Pero en aquel contexto, el juzgado acordó en noviembre una diligencia de inventario y designó para practicarla a los técnicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. Se trataba de enlistar los muebles, enseres y accesorios que había en el Pazo de Meirás. Sin embargo, el día de la diligencia el representante de la Abogacía del Estado acudió acompañado de Pilar Benito, de Patrimonio Nacional. La juez, en una nota manuscrita en la diligencia de inventario, autorizó su presencia, con oposición de los Franco, en calidad de auxilio, es decir, su labor se limitaría a apoyar el trabajo de los técnicos de la Xunta, conforme resume la querella. Finalmente, el juzgado recibió el inventario y el informe elaborado por Benito, que no le había sido requerido ni formalmente encargado. Los Franco sostienen por ello en su reclamación que se «extralimitó», al no haber «resolución judicial que ampare» su actuación «fuera de las funciones de auxilio dispuestas».
En cuanto al trabajo en sí, la querella destaca que concluía «indubitadamente» pero «sin fundamento», que esos muebles y accesorios procedían «de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad y que, por tanto, serían titularidad de dicho ente público». Apunta además que la técnico omitió «conscientemente» datos que podrían enervar esa conclusión, igual que obvió las alegaciones de los Franco que pretendían rebatir determinados aspectos del informe. «Dicha comunicación fue ignorada y huera de respuesta alguna por parte de la querellada, manteniendo así los equívocos voluntariamente provocados a través del documento difundido en los medios».
Revelación
«Extralimitación» de funciones
La querella sostiene que la técnico se extralimitó al presentar un dictamen que el juez no había pedido Filtración a los medios
La familia Franco pide que se investigue la difusión de las conclusiones del informe para «amplificarlo»
En este sentido, la querella lo es también por revelación de secretos en tanto que el informe fue filtrado a la prensa. Recuerdan que Patrimonio depende del Ministerio de de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y que la querellada es una técnica. «Dicha publicación sólo pudo tener origen en aquellos que disponían del documento, por razón de su cargo y tenían interés, no en su divulgación, sino en la amplificación de las falsedades contenidas en el mismo y las interesadas conclusiones», dice la familia.
La juez ha dado traslado a la Fiscalía de la apertura de diligencias y los Franco, una vez subsanado el error en la formalización de la querella, esperan que cite a Benito como imputada.