«El Supremo se va a convertir en un juzgado de guardia»
Malestar en el Alto Tribunal por la nueva función que le atribuye el decreto de Calvo
nal frente al internacional se repite un año más, también lo hace el rural, uno de los preferidos de los españoles. Tras el ‘overbooking’ de 2020, cuando la demanda sobrepasó a la oferta de alojamientos, en esta campaña se prevé una ocupación similar. «Este año, teniendo en cuenta la situación actual, las posibles restricciones y el calendario de vacunación también se esperan muy buenas cifras», afirma Salazar desde la plataforma de alojamientos rurales.
Por el momento, la mayoría de peticiones de reserva siguen siendo para alojamientos de alquiler íntegro, con piscina y políticas de cancelación flexibles. Todo parece indicar que el turismo rural continuará siendo «una opción perfecta para seguir viajando y disfrutar de las vacaciones y una buena alternativa al turismo de masas», añade Salazar.
Muchos alojamientos ya han colgado el cartel de completo, y el sector espera que los que continúan cerrados puedan reabrir. Entre las comunidades con más reservas, al igual que en 2020 aparecen Cataluña (24,11%) y Andalucía (17,95%), aunque Madrid desbanca a Castilla y León como tercer puesto (10,25%).
Por las formas y por el fondo. El malestar de los magistrados de la Sala Tercera (la de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo era patente ayer, una vez digerida la nueva función que el decreto ley del Gobierno les impone▶ la de revisar en última instancia las decisiones que sobre restricción de derechos en el marco de la pandemia tomen las comunidades autonómas, algo reservado hasta este momento a las salas de lo ContenciosoAdministrativo de los respectivos tribunales superiores de justicia (TSJ).
Fuentes de la Sala Tercera expresaron a ABC su desacuerdo con que el Gobierno deje la pelota en su tejado y pretenda que sea el Alto Tribunal el que haga el trabajo que correspondería al legislador. No entienden, además, cómo apenas unos meses después de la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid, el Ejecutivo apruebe este Real Decreto sin haber contemplado esta nueva atribución en la citada ley y sin consultar a quienes tienen que ponerlo en práctica. «Tiempo ha habido de legislar», dicen.
Las fuentes citadas lamentan que la norma del Ejecutivo «convierta al Supremo en un juzgado de guardia», porque lo que va a llegar al Tribunal