El Supremo niega a imputados la vuelta inmediata de la juez Núñez
Rechaza suspender cautelarmente el plan por el que la titular renuncia al caso ERE
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por cuatro sindicalistas investigados en la macrocausa de los ERE para suspender cautelarmente el reparto de tareas pactado entre los jueces María Núñez Bolaños y José Ignacio Vilaplana. La primera, que es titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, delegó en Vilaplana, el magistrado de refuerzo, la instrucción de los sumarios que afectan a los antiguos gobiernos socialistas▶ el caso ERE, el presunto fraude de los cursos de formación, las irregularidades en los avales concedidos por la agencia IDEA o el escándalo de la Faffe y los pagos con dinero público en prostíbulos, entre otras causas.
En un auto dictado el pasado 22 de abril, el Supremo condena también a pagar las costas a los investigados, cuatro exsindicalistas de Comisiones Obreras, que recurrieron la decisión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que avalaba el reparto de tareas pactado tras la vuelta de la juez Núñez tras casi un año de baja médica. La distribución de asuntos contó con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 14 de septiembre. Conforme a dicho acuerdo, la juez Núñez Bolaños no instruye ninguna de las macrocausas que tramita el órgano del que ella es titular.
Los promotores del recurso, representados por el abogado Miguel Conde, habían solicitado «suspender» el acuerdo relativo al mencionado plan de actuación alegando que «siempre han sido las titulares las que han tramitado las macrocausas y los asuntos anteriores al nombramiento de los jueces de apoyo». Primero fue Mercedes Alaya y, desde junio de 2015, la juez María Núñez Bolaños.
Un juez ‘ad hoc’
El hecho de que la magistrada titular se aparte motu proprio del «conocimiento y decisión de las causas que tramitaba» y delegue este trabajo en el juez de apoyo es contrario al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, afirman. «Significa ser investigados en unas diligencias previas tramitadas por un juez determinado por el beneplácito de algunas de las partes, en definitiva, por un juez ad hoc». Piden por ello que el acuerdo quede en el aire hasta que el Supremo dictara una sentencia y que Núñez Bolaños volviese a hacerse cargo durante dicho ínterin de las macrocausas. De lo contrario, «pueden verse obligados a soportar la apertura de un procedimiento abreviado, escritos de acusación y apertura de juicio oral con los correspondientes daños morales y económicos», alegaban.
El abogado del Estado
La Abogacía del Estado se opuso a su petición de suspensión cautelar porque ello implicaría «la estimación anticipada del litigio», convirtiendo en «inútil» la sentencia que se dicte con posterioridad. Tampoco apreció «ningún motivo espúreo en el reparto efectuado en el plan de actuación» pactado por ambos jueces. Es más, consideró una «decisión lógica que quien ha llevado la instrucción en el último año [Vilaplana] la prosiga cuando ya está próxima a su finalización, evitando un nuevo cambio».
El Supremo comparte los argumentos de la Abogacía del Estado contrarios a la suspensión del reparto de tareas entre ambos magistrados. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo considera que la medida cautelar solicitada no tiene «apariencia de buen derecho», por el mero hecho de que la comisión permanente del CGPJ que avaló dicho plan contase con un voto particular discrepante». Sólo se manifestó en contra el abogado Álvaro Cuesta Martínez,que es vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE y fue diputado socialista por Asturias en el Congreso. Para el Supremo, «la afirmada diferencia de criterios que pueda haber» entre María Núñez y el juez Vilaplana tampoco «determina ni mucho menos tal apariencia».
En virtud del citado plan pactado en septiembre de 2020, Núñez Bolaños asumió el despacho de los asuntos ordinarios del juzgado, mientras que Vilaplana prosiguió con la investigación de las macrocausas, que instruía durante los once meses que la titular estuvo de baja. Después de que el Poder Judicial tumbara los recursos de alzada que presentaron 18 investigados en casos de corrupción, la mayoría de los imputados tiraron la toalla, pero otros siguen adelante y han llevado su batalla legal hasta el Supremo. Por ahora han perdido su primer asalto en el Alto Tribunal.
Comisión permanente
El Poder Judicial ya avaló que la juez no investigase los casos de corrupción de gobiernos socialistas