La Selectividad cuesta entre 50 y 120 euros según donde se haga

Los alumnos denuncian un año más agravios y piden la gratuidad de la prueba

Hacer las pruebas de Selectividad puede ser más caro o más barato según donde se haga. Las pruebas de acceso a la Universidad pueden costar algo más del doble dependiendo de la comunidad autónoma. Las tasas más bajas están en Castilla-La Mancha (52,99 euros) y las más altas en Aragón (124,12 euros).

Estos precios no incluyen necesariamente lo que se paga por cada materia de la parte voluntaria del examen y que se abona sobre todo para mejorar la nota.

Esto no es un problema nuevo, pero al acercarse las fechas de los exámenes, los estudiantes han vuelto a denunciar esta situación, que consideran «que no todo el mundo se puede permitir» y que podrían dejar a muchos alumnos «en el camino», señala en un comunicado la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) que pide la gratuidad de las tasas porque hay que hacer estas pruebas «sí o sí para ingresar a la Universidad».

La presidenta de Canae, Andres Henry denuncia a ABC que «dependiendo de la zona en que se examine el estudiante tiene que pagar un precio u otro. Esto crea muchas desigualdades económicas. Al final, lo que un estudiante puede permitirse en una comunidad no se lo puede permitir en otra. Como resultado, hay comunidades con más alumnos examinándose siempre que dispongan de ese dinero porque, recordemos, no existen becas específicas para estas tasas», lamenta Henry. Añade, además, que los estudiantes sufren incertidumbre porque «no saben cuánto dinero tienen que pagar hasta prácticamente tres semanas o un mes antes de realizar la prueba».

Barreras idiomáticas

Santiago Ortigosa López, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid señala que «la educación no es un ámbito para recaudar, sino para invertir». El docente advierte, además, de que este año puede que haya más alumnos con problemas económicos derivados de la pandemia. «Las diferencias de tasas entre comunidades suponen agravios comparativos, y mucho más en el caso de los más débiles desde el punto de vista socioeconómico, cuyo número ha crecido con la pandemia». Considera «absurdo» que una persona que tiene menos recursos tenga que hacer la prueba en Canarias, mientras aquellos que

Matrículas de la EBAU

sí los tienen la puedan hacer en Aragón o Cataluña, «aunque en este último caso se suma el agravio de los que no son catalanohablantes. Allí, el idioma bloquea incluso teniendo dinero», agrega. Las pruebas en Cataluña «se ofrecen solo en catalán y los que quieren hacerlo en castellano tiene que levantar la mano y pedirlo expresamente», explica Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). José Montalbán

odría parecer que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha puesto un poco de sensatez

Pen una polémica caducada que sin embargo está erosionando la vida y la imagen actual de la Biblioteca Nacional de España. En efecto, la ‘redenuncia’ de robos de 1987, detectados en los inventarios anuales desde 2008 que hace años investiga la Policía, y otros de 2007, igualmente conocidos y resueltos por la Guardia Civil, tiene toda la pinta de cacería, de que alguien dentro del Ministerio –oh misterio– de Cultura quiere cobrarse la cabeza de la directora de la BNE, Ana Santos, a la que fácilmente podrían destituir si tuvieran el deseo y buscaran la eficacia propia con algo más de convicción.

Es difícil pensar que no quede en el Ministerio –oh misterio– de Cultura nadie con memoria de lo sucedido tras el robo de 2007. Desde entonces se implementó la seguridad de la BNE de manera si no perfecta al menos muy notoria, tan notoria que resulta imposible pensar que nadie en un cajón ministerial no tenga datos que ofrecer al actual equipo responsable. En la BNE sí conservan la memoria y los datos, y consta que están a disposición del ministro y sus equipos de manera pormenorizada desde el principio.

El arqueo muestra una sola incongruencia grave entre una exempleada y la actual directora sobre la detección del cambiazo de la obra de Galileo, chispa de la actual polémica, que la primera data en 2014 y la segunda no tuvo constatada hasta 2018, según han relatado. Pero es que en 2014 no hay un solo informe, ni un protocolo de información alzado a la dirección, sobre un