Cataluña utilizó sus competencias a favor de los líderes presos
La Justicia abortó los intentos del Govern de acelerar las salidas de los nueve políticos
siempre la Audiencia Nacional, como órgano judicial que condenó a los etarras. Carlos García Castaño, abogado especialista en temas penitenciarios, expone que sobre las cuestiones más cotidianas de los presos en las cárceles vascas, como los citados permisos, también existirá control judicial. No obstante, en primer término, serán las juntas de tratamiento de las prisiones vascas las que tomen las decisiones aunque después sean recurridas y, entonces sí, den el salto al ámbito judicial. Hay precedentes en este sentido que sirven como advertencia a los ‘jeltzales’. El más claro, el de los líderes del ‘procés’.
Las víctimas vigilarán
La línea de actuación que a partir de ahora siga el Gobierno vasco en materia penitenciaria, al margen de someterse al control de la Justicia, también será escrutada muy atentamente por los principales agraviados▶ las víctimas de los etarras. A través de un comunicado, Consuelo Ordóñez, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), recordó que la competencia de prisiones que ahora ha conseguido el Gobierno vasco no es algo nuevo, ya que figura en el texto de Guernica del año 1979.
Lo que sí es nuevo es el interés de los partidos nacionalistas vascos por gestionar las cárceles▶ «Nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones mientras ETA mataba. Empezaron a reclamar esta competencia cuando ETA dejó de matar». De igual modo, Ordóñez advirtió al Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu, y del que forman parte tres socialistas, que vigilarán «muy de cerca que no se abran las cárceles cuando no toque».
La indignación también se trasladó, pese al triunfalismo que exhibió Iceta, a la arena política, donde la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, cargó duramente contra el Ejecutivo. «Es un desprecio a las víctimas del terrorismo. Seguimos viendo el chantaje de Bildu a Sánchez», clamó la popular acto seguido de la rúbrica de un acuerdo por el que el País Vasco pasará a gestionar el futuro de 1.300 presos, 700 funcionarios y la organización de unas cárceles que ya esperan a más etarras.
Salvo Cataluña, ninguna autonomía quiso entonces meterse en el jardín de unas competencias tan costosas en lo económico y tan poco atractivas en lo electoral. En 1983 Felipe González traspasó a la Generalitat la gestión penitenciaria. Casi cuatro décadas más tarde, esta herramienta, a priori de gestión y sin margen para modificar las condenas, ha acabado beneficiando a los presos del ‘procés’.
Las alarmas se encendieron cuando el Supremo, en su sentencia, no aceptó la pretensión de la Fiscalía de dejar por escrito que los líderes del 1-O no pudieran acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena. Eso podría dar margen a la Generalitat, avisaron algunas voces, para maniobrar a favor de los presos.
No hizo falta llegar al tercer grado. Ya antes, el Govern retorció el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para asemejar sus regímenes a una semilibertad, con salidas de prisión diarias. Un «tercer grado encubierto», lo definió la Fiscalía. Y el Supremo le dio la razón. Tal y como desveló ABC, la Generalitat les había concedido el 100.2 diez veces más rápido que a los otros presos que también lo tenían. Y que eran minoría entre la población carcelaria.
Con el tercer grado, a grandes trazos, se repitió el guion. La Generalitat, tras los informes favorables de las juntas de tratamiento de las tres cárceles en las que cumplen condena, les dejó en semilibertad. El Supremo acabaría anulándolas en diciembre. Y en enero, un nuevo intento, esta vez abortado ya por los jueces de vigilancia penitenciaria. Los presos renunciaron a recurrir al Supremo, dada la contundencia de sus últimos pronunciamientos. No podrán optar a otro tercer grado al menos hasta julio, cuando las cárceles deberán revisar su evolución. De momento, en segundo grado, disfrutan de 36 días al año de permisos ordinarios, al haber cumplido ya todos ellos una cuarta parte de la condena.
Política carcelaria similar
Al margen de la cuestión de los líderes presos, pocas diferencias ha habido históricamente entre la política penitenciaria de la Generalitat y la del Ministerio del Interior, según un estudio del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lérida Josep M. Tamarit. La Generalitat «ha aplicado en general criterios poco diferenciados con respecto a la Administración del Estado», según el estudio. Si acaso, la mayor diferencia –sostiene– ha sido la inclinación de la Generalitat a conceder más terceros grados. Tamarit concluye que las diferencias son más claras entre las resoluciones de los diferentes tribunales «que entre cada una de las administraciones penitenciarias». Otra cosa bien distinta es lo ocurrido con los presos del ‘procés’.