Ortega despeja su camino de rivales para no apearse de la presidencia
Ilegaliza dos partidos de la oposición nicaragüense e investiga a la precandidata Cristiana Chamorro
El presidente Daniel Ortega sigue moviendo ficha y despejando el camino hacia su reelección –sería la tercera consecutiva, que se sumaría a su mandato entre 1985 y 1990– en las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Tras la ilegalización esta semana, en apenas 24 horas, de dos formaciones de la oposición –el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el histórico Partido Conservador (PC)–, el Ministerio de Gobernación citaba ayer a la precandidata independiente a la presidencia, Cristiana Chamorro (hija de la expresidenta Violeta Chamorro), a comparecer con motivo de la apertura de una investigación por un presunto «lavado de dinero» a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH).
«Oficiales del Migob me entregaron en la puerta de mi casa una notificación para presentarme a las 10▶00 a.m. La recibí personalmente a las 9▶24 a.m.», informaba ella misma a través de su cuenta de Twitter. Tras comparecer, la precandidata denunciaba, en la misma red social, que «Ortega ha ordenado fabricar “pruebas” en contra de la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro».
Casi simultáneamente, agentes de la policía orteguista se personaban en la sede de la fundación, que se encuentra cerrada desde el pasado mes de febrero. La ONG, creada por la expresidenta Chamorro en 1997 con el fin de promover la libertad de prensa en Nicaragua, cesó su actividad tras la aprobación, el pasado mes de octubre, por parte del Gobierno de Ortega, de la Ley de Agentes Extranjeros que impide la financiación y las donaciones internacionales a la sociedad civil, ONG defensoras de derechos humanos, periodistas y a opositores. «La Fundación Violeta Chamorro fue cerrada el 5 de febrero porque nos negamos a aceptar la ley de agentes extranjeros. Jamás nos someteremos a los caprichos de la dictadura», recordaba ayer Cristiana Chamorro.
Tres años después de las protestas en Nicaragua, que dejaron un balance de 325 muertos, este 2021 se había convertido en un año clave para intentar desalojar a Ortega del poder. De ahí que a medida que se acercan las elecciones, aumente la presión del régimen contra los posibles rivales. También contra los medios de comunicación, como el ‘Confidencial’, que ayer fue allanado nuevamente por la policía orteguista. Las instalaciones de este medio ya fueron confiscadas en 2018 y su director, Carlos Fernando Chamorro, tuvo que exiliarse durante varios meses en Costa Rica. En 2019, el también hijo de la expresidenta Chamorro, regresó para seguir con su labor informativa desde su país.
A pesar del acoso policial, el periodista aseguraba ayer, en su cuenta de Twitter, su intención de seguir en la lucha▶ «No nos callarán. Seguiremos haciendo periodismo».
Ilegalización de partidos
Las acciones de este jueves se sumaban a las ilegalizaciones de varios partidos de la oposición esta misma semana. En 24 horas el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, cuyos miembros –elegidos hace dos semanas– son en su mayoría afines al Gobierno de Ortega, canceló la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), que forma parte de la Coalición Nacional –una de las dos plataformas opositoras que se presentan a las elecciones–. El miércoles le tocó el turno al Partido Conservador (PC), al que también se ha despojado de su personalidad jurídica. Se da la circunstancia de que una semana antes el presidente de esta formación, Alfredo César, había anunciado la intención de no concurrir a los comicios alegando la falta de transparencia de las próximas elecciones. «El partido conservador no se prestará a legitimar un fraude que se encamina para este 7 de noviembre», declaró César el pasado 12 de mayo. Algo a lo que se ha aferrado el CSE para descabalgarle de cualquier opción a concurrir, si decidiera replantearse la participación.
Para el periodista y politólogo nicaragüense Edgardo Pinell, el CSE ha utilizado un «doble rasero» a la hora de ilegalizar a ambos partidos. «Por una parte, demostrar que no va a dar ningún tipo de prebenda a cambio de colaboracionismo, en el caso del PC»; y en el del PRD, «eliminar del espacio político a los opositores más recalcitrantes del régimen de Ortega. Este partido representaba a la oposición más contestataria, donde estaba la disidencia tradicional. No es necesariamente la oposición más peligrosa, pero sí con la que el Frente Sandinista tiene una lucha visceral». El candidato inscrito por el PRD para optar a la presidencia era el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el Gobierno de Ortega, y que fue encarcelado durante las protestas.