La industria avisa de que el fondo verde del Ejecutivo recaerá en los consumidores
El coste para las empresas será de unos 2.650 millones de euros entre 2021 y 2025
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por las patronales de la automoción (Anfac), refino (AOP), papel (Aspapel), química y farmacia (Feique), alimentación y bebidas (FIAB), cemento (Oficemen) y siderurgia (Unesid), denunciaron ayer que la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que se encuentra a la espera de dictamen del Consejo de Estado, puede «agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro».
El objetivo de ese fondo es sacar de la factura de la luz los aproximadamente 7.000 millones de euros que cada año cuestan la retribución a las renovables, cogeneración y residuos, cifra que será asumida por todas las empresas energéticas con negocio en España.
En el caso de su puesta en marcha, el coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros, explican en un manifiesto. «Este impacto lo asumirían sobre todo las industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad».
Así, la Alianza por la Competitividad de la Industria alerta de que el sector industrial «ya se enfrenta actualmente a un extraordinario incremento de los costes del gas y la electricidad en nuestro país. Este aumento adicional de los costes a medio plazo dificultaría gravemente el contexto de recuperación de la crisis económica y se pondría así en riesgo el desarrollo y futuro del sector industrial español».
Y añade que, «en el momento actual de transformación en el que se encuentra la industria, hay que evitar medidas que afecten al nivel de competitividad de la industria productiva española, responsable de generar el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa y que llega al 43% del PIB y el 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos».
A Presupuestos del Estado
Por todo ello, la Alianza considera que la industria española cree positivo que se extraigan los costes impropios del conjunto de los costes regulados del sistema eléctrico, puesto que redundará en la reducción del precio final para consumidores domésticos e industriales. Por eso, piden que esos costes «sean trasladados íntegramente a los Presupuestos del Estado de manera progresiva para paliar el impacto en un solo ejercicio en los actuales presupuestos».
Y, en el caso de no ser considerado ese traslado, «debería excluirse o establecerse exenciones completas para los sectores industriales que, aun no siendo consumidores intensivos, son sectores tractores, esenciales o exportadores, indispensables para generar crecimiento económico y de empleo de calidad».