«El Gobierno de Países Bajos actuó contra la ley y mintió al Parlamento»
a favor de las familias, pero «Hacienda apeló» ante el máximo tribunal holandés, dice González, madre de dos hijos, ahora de 16 y 12 años. Fue entonces cuando el caso dio un giro total▶ un funcionario de Hacienda, al saber que había ganado el caso en primera instancia, la invitó a ‘hablar’. Lo que descubrirían en ese despacho, por un aparente desliz, desveló el fondo del asunto. «Dijo que él había controlado en dos años a 300 personas y nos dejó mirar en la pantalla de su ordenador. Vimos que junto al DNI de cada persona se había escrito su segunda nacionalidad▶ turco o marroquí. Y nos dimos cuenta de que en Hacienda estaban seleccionando por nacionalidad y eso en Holanda está prohibido, es discriminatorio».
Selección por nacionalidad
Con esta información, Eva González acudió a distintos organismos, como el Parlamento, el Defensor del Pueblo o la autoridad de protección de datos personales, que comenzaron sus propias investigaciones. Ese año también se produjo una ayuda inesperada del azar que le dio otra rocambolesca vuelta al caso. Cuando desde el juzgado le llegó el dosier, algo habitual en los Países Bajos, su sobre contenía un documento adicional▶ unas listas de personas, entre ellas sus clientes, a las que se señalaba como fraudulentas sin que ninguna lo supiera. Ella comenzó a inquirir sobre tal listado con todo el que se cruzaba en los juzgados. La buena suerte volvió a sonreír y alguien le comenzó a filtrar documentos relacionados con la actuación de Hacienda. Como en el ‘Watergate’, ya tenía a su ‘garganta profunda’. El Gobierno, entre tanto, callaba.
¿Existía una componenda de motivación racista? Con las evidencias recabadas, González prefiere hablar sólo de discriminación. «No tengo probado que fuera racismo, sólo que discriminaban por nacionalidad», afirma, a pesar de no tener clientes holandeses, pues «el 90% de las afectadas son de otra nacionalidad». «Aún no sabemos qué hicieron para estar en esa lista y se sigue investigando». En 2018 comenzó a salir en prensa. «No quise hablar de discriminación al principio», reconoce. «Mi estrategia buscaba que todos se identificaran con las personas a las que se les había quitado un derecho». Parejas mixtas, como la propia González, nacida en Cáceres, criada en Holanda y casada con una persona de origen turco, dieron la cara en televisión.
La táctica funcionó. En 2020, una comisión de investigación parlamentaria dictaminó que a las familias afectadas se les debía devolver lo que se les obligó a pagar, más un 25% por daños y perjuicios. ¿Pensó que caería el Ejecutivo? «Nunca he visto que este caso fuera contra el Gobierno», asegura González. «Lo que importa es que el Gobierno actuó en contra de la ley, dejó a gente esperando durante años y mintió al Parlamento». «Sola no hubiera llegado a ningún sitio». El caso prosigue. «Puede subir a un nivel más alto, queremos que Europa investigue lo que está pasando aquí, y determinar que no es solamente un error», advierte. «Puede ir más allá».