ÉTICA PENAL A MEDIDA
Podemos va a modificar su código ético para proteger a sus dirigentes procesados y condenados por los jueces. No importa el delito que comentan, solo el apego al escaño y al sueldo
EL procesamiento del número tres de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, lo aboca a un próximo juicio en el Tribunal Supremo dada su condición de aforado. La acusación, haber agredido a un policía años atrás, no es inocua. Refleja un talante muy propio de estos militantes antisistema que en su día hicieron de la amenaza y la agresión física su modo de entender la convivencia, y ese concepto tan usado ahora por Pedro Sánchez como es la concordia. Otra dirigente de Podemos, Isabel Serra, ya fue condenada por hechos idénticos. En condiciones normales, a cualquier cargo público formalmente acusado le habría sido exigible su dimisión, pero en Podemos no hay dignidad para tanto.
Ahora, la aspirante a suceder a Pablo Iglesias al frente del partido, Ione Belarra, otra sectaria de libro, ha decidido impulsar una reforma en el código ético de Podemos para adaptarlo a los delitos que sus dirigentes hayan cometido o puedan cometer en el futuro. Podemos lo va a modificar a conveniencia, lo cual equivale a cambiar su ética continuamente y, por tanto, a carecer de ella. El nuevo código de conducta premiará a sus delincuentes garantizándoles el cargo y el sueldo público. Cuando Podemos interprete que sus delitos provienen de «un contexto de acoso» judicial contra sus dirigentes, no será exigible dimisión alguna. Como mínimo, es curioso en un partido que ha hecho de las destituciones y las purgas un modo de vida: dirigentes sin delinquir son expulsados, y dirigentes delincuentes se aferran a sus escaños. Podemos no entiende ni de separación de poderes ni de independencia judicial. Considerar a los jueces que no dictan resoluciones favorables para ellos unos acosadores que reprimen su libertad refleja una manera enfermiza de entender esa libertad. Siempre se quejan de que se les acuse de ser bolivarianos, pero nunca un apelativo fue tan oportuno para estos autoritarios del poder.
El objetivo no es denunciar la supuesta falta de imparcialidad de nuestros tribunales, sino diseñar una justicia a la carta en la que Podemos, y no la ley, decide quién delinque y quién no. Y de paso, asegurarse sus cargos públicos a toda costa. Hacen bien en no recurrir ya a su dogmatismo contra la ‘casta’. Casta son ellos tratando de convencernos de que su apoltronamiento indigno es luchar por la libertad. Con su deslegitimación del poder judicial, solo manipulan la realidad, de modo que un agresor de policías es procesado con pruebas, pero el acosado es él, y bajo ese ‘contexto’ no hay causa de dimisión. El Código Penal no importa. Solo importa la categorización que Podemos hace de los delitos. Por eso solo cabe calificar la idea planteada ayer por Irene Montero de imponer una «justicia feminista» como una estulticia. Cuando surgió Podemos, una sola acusación indiciaria en un periódico –ni siquiera una imputación– era motivo suficiente para criminalizar a un opositor y forzar su dimisión con campañas mediáticas insoportables. No tenía derecho ni a la presunción de inocencia ni a un juicio justo. En cambio Podemos mitifica a sus procesados y condenados. No es una doble vara de medir. Es solo un discurso basado en la carencia de moral pública y en la apropiación de la democracia. Y esta patente de corso es propia de dictaduras.