Sánchez se autoindulta

El Supremo advierte al presidente de que perdonar a los sediciosos es no solo improcedente, sino posiblemente ilegal

RESULTAN patéticos, por no decir insultantes para nuestra inteligencia, los argumentos esgrimidos por el Gobierno y sus altavoces mediáticos para justificar los indultos que se dispone a otorgar a los sediciosos catalanes: «Hay que mirar al futuro en busca de concordia y no de revancha», «la venganza no es un valor constitucional», o el más ofensivo de todos, expuesto en el Congreso por el gurú de cabecera y pelota número 1 de Sánchez, Iván Redondo: «El presidente demuestra ser un valiente al actuar de este modo». Con arreglo a este razonamiento orwelliano, hincarse de hinojos ante un delincuente orgulloso de serlo, que no solo no reniega de su crimen, sino que proclama su firme voluntad de reincidir, constituye una muestra admirable de coraje. Como diría el Gran Hermano en 1984, «la verdad es la mentira», «la guerra es la paz». En cuanto al resto de ruedas de molino con las que pretenden hacernos comulgar, la conclusión es la misma: la razón de la fuerza ha de prevalecer sobre la fuerza de la razón. Ante una persona, organización o partido cuyas pretensiones no se sometan al ordenamiento jurídico, agachemos la cabeza y paguemos constantes tributos de sumisión, a ver si logramos apaciguarlos un tiempo. O sea, comportémonos como una nación débil, cobarde y avergonzada de sí misma.

Tan burdo es el planteamiento, tan indefendible la posición, que ni el propio Sánchez ni sus pretorianos pueden dar crédito a lo que sostienen. En realidad, todos lo sabemos, el líder socialista está saldando una deuda contraída con los independentistas catalanes que le permitieron alzarse hasta el ansiado sillón presidencial, pese a la exigua mayoría alcanzada en las elecciones. Los indultos son un plazo entre muchos otros, que complace a los perdonados, aunque no satisfaga ni de lejos sus exigencias, y que también ven con buenos ojos los otros separatistas socios de este Ejecutivo Frankenstein. Una concesión inadmisible en términos democráticos, cuya única justificación es la desmedida ambición de poder que habita en el narcisista instalado en La Moncloa. Sánchez se indulta a sí mismo por la indignidad y las traiciones con las que está comprando a sus aliados su permanencia en el cargo. Vende nuestro Estado de derecho, nuestras normas de convivencia y nuestra Justicia, teóricamente igual para todos, a cambio de la poltrona en que lo mantienen los beneficiarios de una medida de gracia inmerecida, al no cumplir estos ninguno de los requisitos que la legislación exige para su tramitación, contraproducente en términos políticos, ya que envía el mensaje de que alzarse contra la Carta Magna sale gratis, y posiblemente ilegal, tal como advierte el Supremo en la durísima resolución con la que se ha opuesto a su concesión. De ahí la feroz irritación del Gobierno con el Alto Tribunal, que se ha permitido plantarle cara cumpliendo con su obligación de interpretar la Ley a cuyo imperio estamos sometidos todos. Todos, incluido Sánchez.