El Ministerio de Justicia empieza a tramitar el indulto para Juana Rivas
El Ministerio de Justicia ya ha comenzado a tramitar la petición de indulto de Juana Rivas, cuya entrada en prisión fue acordada este pasado jueves por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a raíz de que el Tribunal Supremo la condenara a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. Esta condena se produjo después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que acusa de malos tratos.
Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron ayer a EP que la tramitación del indulto total solicitado por esta madre de Maracena, en Granada, ya se ha iniciado, con la petición de informe al tribunal sentenciador.
Sobre este asunto se pronunció ayer a través de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien defendió la necesidad de una «justicia feminista» para Juana Rivas y señaló que están «a tiempo» de conseguirlo, pues trabajan «para que así sea».
El letrado de Rivas, Carlos Aránguez, trasladó en declaraciones a los medios su «indignación» con que el Juzgado haya decretado el ingreso inmediato en prisión para su cliente, por entender que es una «actuación sorpresiva» frente a una persona que solicitó el indulto el pasado 4 de mayo al Gobierno y que «tiene derecho a la suspensión de una pena que no alcanza los tres años de prisión» siendo además «delincuente primaria con una buena red de apoyo familiar y laboral».
La defensa de Rivas anunció que recurrirán la decisión del juez, primero en reforma y luego en apelación ante la Audiencia de Granada por entender que «no está siendo escuchada» por la justicia.
Un «escándalo»
La defensa de la expareja de Juana Rivas, ejercida por el letrado Enrique Zambrano, mantiene que concederle el indulto sería «un auténtico escándalo» y un «descrédito» para esta medida de gracia. Censura de hecho que se haya catalogado como una víctima de violencia de género en la petición de indulto y que se «criminalice» a su cliente cuando no existe «ni una sola resolución judicial» ni en España ni en Italia «que les de la razón sino todo lo contrario, a pesar de la interminable colección de procedimientos» presentados en este tiempo y que han sido archivados.