Atrapar y juzgar a Puigdemont como cebo electoral

Se acercan las elecciones. En el PSOE empiezan a ver con dudas su sueño de llegar a los 140 escaños. Pero en el laboratorio demoscópico de La Moncloa y en el CIS de Tezanos el objetivo se sigue viendo posible. Hay que mantener el rumbo. Es 5 de noviembre y hay debate electoral. Y Pedro Sánchez sale con todo. Anuncia que nombrará a Nadia Calviño vicepresidenta económica. Es una de las ministras con mejor consideración a la derecha del PSOE y más enfrentadas a Podemos. Y Sánchez busca un electorado muy concreto. Pero es en la cuestión catalana donde debe convencer a esos votantes que ya no quieren votar a Ciudadanos y que el PSOE interpreta que puede atraer. Sánchez anuncia en primer lugar que introducirá en el Código Penal la tipificación del delito de convocatoria de un referéndum ilegal para que no ocurra otro 1 de octubre. Esa promesa ha quedado aparcada. En sectores socialistas se anima ahora a compensar los indultos con esa modificación dentro de la reforma global del Código Penal. Pero el Gobierno ha evitado posicionarse. También apostó Sánchez en ese debate por incluir en la educación española una nueva asignatura de valores civiles, constitucionales y éticos. Y propuso modificar la Ley Audiovisual para que las cadenas autonómicas necesiten un respaldo parlamentario de dos tercios para nombrar a su cúpula y acabar así con el «uso sectario» de TV3.

Iba a por todas. Pero quedaba lo mejor. «A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia», dijo Sánchez. Pablo Iglesias, contrariado, se preguntó si Sánchez iba a mandar a los GEO y le afeó no respetar la separación de poderes. La respuesta se la dio Sánchez al día siguiente en una entrevista en RNE con aquel ya memorable «¿De quién depende la Fiscalía?».