La corrupción ahoga a la Justicia
«Estamos desbordados» por la carga de trabajo, avisa la Audiencia de Sevilla, que tardará más de una década en juzgar la avalancha de piezas de las macrocausas
En los últimos diez años las causas de corrupción política han brotado como setas tras un día de lluvia. El largo rosario de escándalos que han ido desenterrando jueces, fiscales y acusaciones ha tomado cuerpo en sumarios inabarcables (ERE, Invercaria, Formación, Avales, Marismas o Faffe) que han puesto al descubierto los ángulos ciegos del poder absoluto que durante 37 años concentró el PSOE en Andalucía. En su mayoría son fruto de la osadía y el empecinamiento de la juez Mercedes Alaya, quien empezó a escarbar en lugares donde nadie removía nada. Cada una de estas diligencias previas se ramifican a su vez en piezas separadas con su correspondiente legión de imputados, testigos, peritos, atestados y montañas de papeles que hay que examinar, investigar y, en última instancia, juzgar.
Los 21 magistrados que integran las cuatro secciones penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) de la Audiencia Provincial de Sevilla no dan abasto. Las macrocausas, unidas a los asuntos complejos, han creado un cuello de botella para desesperación de quienes imparten justicia y de aquellos que aguardan durante años el desenlace de la densa maraña sumarial.
«Con las secciones penales que hay no se puede asumir esta sobrecarga de trabajo en un tiempo razonable», reconoce Damián Álvarez, presidente de la Audiencia, donde recaen las principales causas de corrupción de la comunidad autónoma. Faltan magistrados, secciones penales e incluso salas de vistas. En Sevilla sólo hay dos estancias acondicionadas para juicios con más de una decena de acusados y una para vistas con jurado popular.
Álvarez asegura que los jueces están «desbordados» por el número de asuntos que entran y la carencia de salas de vistas. Cada sección penal está integrada por cinco magistrados salvo una que cuenta con seis. Cuando tres de ellos están celebrando un juicio como miembros de un tribunal, sólo quedan dos para atender el resto de asuntos ordinarios, incluidas las personas que tienen órdenes de alejamiento o penas pendientes de revisión. «Estamos en cuadro. Actualmente tenemos a dos magistrados de baja y otro con una liberación del 50% de la jornada. Quizás duplicar la plantilla es una entelequia, pero facilitaría mucho contar con dos secciones más para sacar el trabajo adelante», reclama.
Causas «racimo» como la de los ERE dan idea de la magnitud de la titánica tarea que les aguarda. María Núñez Bolaños, que asumió el mando del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tras la marcha de Alaya a la Audiencia, troceó el sumario de los ERE para agilizar las pesquisas. Pero el colapso se ha trasladado ahora a las secciones penales, obligadas a hacer encaje de bolillos en su agenda para afrontar la avalancha de juicios que se les avecina.
Las cien piezas de los ERE
Diez años y medio después de la apertura de las diligencias 174/2011, el conocido como caso ERE ha conducido a un laberinto del que se tardará más de una década en salir, según los juristas más optimistas. No van desencaminados. En este tiempo se han realizado sólo dos juicios de esta causa el de las ayudas de la empresa Acyco (que quedó visto para sentencia en diciembre pasado) y la pieza del «procedimiento específico», centrada en el sistema ilegal y opaco de subvenciones que diseñó y mantuvo la antigua cúpula del Gobierno andaluz durante una década (2000-2009). Ante el tribunal de la Sección Primera desfilaron 120 testigos y nueve peritos a lo largo de 152 sesiones que se prolongaron durante más de un año. El resultado es conocido el tribunal que presidía Juan Antonio Calle Peña condenó por prevaricación y/o malversación a los dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; a una exministra, Magdalena Álvarez; a un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías; a cuatro exconsejeros... y así hasta llegar a 19 ex altos cargos socialistas que están a la espera de que el Supremo resuelva sus recursos.
A medida que el nuevo juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilapla
na, vaya dictando los autos de apertura de juicio oral, la bola de nieve se hará más grande. Actualmente, se están instruyendo más de un centenar de piezas desgajadas de la causa troncal de los ERE, una por cada entidad beneficiaria de ayudas irregulares. Una veintena de investigaciones han sido enviadas ya a la Audiencia Provincial de Sevilla para su enjuiciamiento.
La sentencia constituye el último eslabón de un engranaje judicial que no está engrasado para lo que se le viene encima. Algunas investigaciones no llegan a juzgarse porque son archivadas antes. Unas, porque el juez no aprecia delito, como el caso de Transferencias de Financiación, y otras, por prescripción, como el caso del préstamo ilegal de 5,83 millones concedido por el Gobierno de Manuel Chaves a Campocarne para salvar la fábrica de embutidos Cárnicas Molina.
La macrocausa de Invercaria, que investiga las inversiones arbitrarias de esta sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, se ha desmembrado en unas 40 piezas, tantas como las empresas fallidas en las que se enterró el dinero público. En nueve años se han enjuiciado dos de estas minicausas. Los responsables del descontrol deberán esperar una década más para ser juzgados. En 2019 se celebró el juicio sobre la empresa Aceitunas Tatis, que pretendía impulsar una «línea erótica» de olivas de mesa con los 100.000 euros que le había prestado Invercaria. El 21 de mayo quedó visto para sentencia otro proceso abierto a la diseñadora Juana Martín, que recibió 850.000 euros de la Junta.
El 7 de septiembre de 2022 comenzará otro juicio de Invercaria, centrado en los 716.000 euros concedidos al portal de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) que nunca llegó a funcionar. Concluirá en enero de 2023, 17 años después de que se concedieran las ayudas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su memoria de 2020, contabilizó 7.540 asuntos penales pendientes de resolución en dicho ejercicio. «Partiendo de un criterio orientativo de 300 asuntos por magistrado y año para las secciones penales de las audiencias provinciales como carga de trabajo referencial, se supera dicho porcentaje en la Primera y la Cuarta de Sevilla con 316 y 307, respectivamente, y permite hablar de la necesidad de aumentar la plantilla en dos magistrados para este orden jurisdiccional», avisa el TSJA. Entre tanto, cree «razonable» recurrir a refuerzos, mediante comisiones de servicio o jueces de adscripción de territorial.
El parón impuesto durante el estado de alarma «ha sido el remate» a una situación que ya era crítica, señala Damián Álvarez. A falta de más medios, el TSJA apuesta por soluciones colectivas como ajustar las agendas para utilizar las salas de vistas y celebrar juicios por la tarde. «Pero si tienes que celebrar sesiones mañana y tarde el cuerpo a veces no da para más», apunta el presidente de la Audiencia.
Riesgos para la salud
La sobrecarga de trabajo es una cuestión de salud. En febrero de 2018, poco antes de que las macrocausas empezaran a atorar las salas de Justicia, 20 de los 21 magistrados de las secciones penales enviaron un escrito a la Comisión de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial porque, según relataban, el TSJA había desoído sus peticiones de refuerzo, algunas de las cuales fueron luego atendidas. Denunciaban el «riesgo para la salud física y social» por el elevado volumen de trabajo y pronosticaban un «colapso» mayor con las macrocausas. Su voz de alarma evocaba el triste final del magistrado de Sevilla Joaquín Sánchez Ugena, quien murió de un infarto en 2014 debido a la carga de trabajo que asumía, según reconoció el TSJA.
El rompecabezas de los sumarios de corrupción afecta también a los abogados penalistas que coinciden en estos procesos. Uno de ellos es Juan Carlos Alférez, que defiende a investigados en los casos ERE, Formación, Invercaria o Isofotón. Para este letrado, «la incesante creación de macrocausas mediante la conformación de una pieza matriz de la cual se deducen testimonios y crean piezas separadas nuevas, conduce a una suerte de investigación racimo que colapsa la Audiencia si terminan en juicio». Sin juzgar «el exceso de celo investigador o la hipertrofia del Derecho Penal invadiendo sectores hasta ahora reservados a otros órdenes jurisdiccionales», el abogado augura una situación «verdaderamente insostenible». «No hay recursos en la Justicia para soportar semejante modelo».