La mitad del comité que rescató a Plus Ultra no acudió a ninguna reunión
∑Tres de los seis altos cargos que dieron luz verde a la ayuda no registraron en sus agendas oficiales estas citas ∑La norma que regula el reparto dice que para que los consejos sean válidos debe asistir el 50% de los vocales
Opacidad y desbarajuste. El polémico rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas levantó las dudas sobre el procedimiento con el que el Gobierno otorga dinero público a compañías para mejorar su situación después de la crisis del coronavirus. Pasan los meses y el Ejecutivo, pese a la insistencia de medios de comunicación y partidos de la oposición, no levanta el velo sobre un proceso que cada vez presenta más agujeros negros y menos luz. El último de ellos tiene que ver con las agendas de los altos cargos que componen el órgano encargado de validar a quién sí y a quién no se le dan estas ayudas. ABC ha tenido acceso a los cuadrantes pormenorizados de estos dirigentes y no encajan.
Tres de los seis miembros del Consejo Gestor de este Fondo no asistieron a ninguna reunión, según figura en sus agendas, facilitadas por los ministerios implicados a ABC a través del Portal de Transparencia. Esto no sólo siembra más dudas sobre el rescate a la aerolínea, que ya ha llegado a los tribunales, sino sobre todo el procedimiento.
El Consejo Gestor, encargado de validar el reparto de los 10.000 millones de euros consignados al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas, se creó el 31 de julio del año 2020 e, inicialmente, lo integraron seis altos cargos del Gobierno. Se trata de Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); Javier Loriente, secretario general y del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos de la SEPI; Pilar Paneque, subsecretaria del Ministerio de Hacienda; Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía; y Ana de la Cueva, hasta hace unas semanas, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Ninguno de los tres últimos reflejó en sus cuadrantes oficiales la asistencia a las 25 reuniones que, en virtud de lo señalado por los otros tres miembros del comité, celebró el Consejo Gestor del Fondo de Solvencia desde su creación y hasta el pasado 23 de marzo.
La ley que regula el funcionamiento del Consejo Gestor es muy franca en lo referente a las obligaciones de sus integrantes. Esta norma expone en su artículo 8 punto 2 lo siguiente: «Para la válida constitución del Consejo Gestor, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos de sus vocales». Teniendo en cuenta que Lora y Loriente actúan como Presidente y Secretario, sólo quedan cuatro vocales: Paneque, Blanco, Aagesen y De la Cueva. Por ende, si tres de ellos –Blanco, Aagesen y De la Cueva– no han asistido a ningún encuentro según sus agendas, la validez de las reuniones del Consejo Gestor estaría en entredicho.
ABC se ha puesto en contacto con los ministerios involucrados para que detallaran las reuniones del Consejo Gestor a las que asistieron los tres vocales que no reflejaron en las agendas su participación en dichas citas. Sin embargo, y pese a que a través del Portal de Transparencia
ABC intentó recabar una explicación a las ausencias de los tres altos cargos, pero ni los ministerios afectados ni la SEPI la han ofrecido
El Consejo Gestor tuvo 25 reuniones hasta marzo en las que se decidió sobre el reparto de las ayudas para empresas estratégicas
entregaron los cuadrantes de sus altos cargos, todos ellos han esgrimido la misma excusa: para conseguir la relación de reuniones del Consejo Gestor hay que recurrir a la SEPI. Este diario ha reclamado esta misma información hasta en dos ocasiones a la SEPI, pero la empresa pública no ha considerado oportuno dar una respuesta.
Deberían incluirlo
Las recomendaciones del Consejo de Transparencia, órgano encargado de garantizar que el derecho de los ciudadanos a recibir información pública no se vea vulnerado, también son claras. El Consejo de Transparencia estipula en sus criterios interpretativos que los altos cargos deben incluir en sus cuadrantes oficiales, entre otras cosas, la siguiente información: «Reuniones mantenidas en ejercicio de sus funciones públicas con el personal a su cargo o con otras personas, físicas o jurídicas, tales como representantes de medios de comunicación, empresas públicas o privadas, organismos administrativos, instituciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos, sindicatos o entidades con o sin ánimo de lucro al objeto de definir o desarrollar las acciones que corresponda realizar en ejercicio de sus funciones». Este precepto cuadra perfectamente con la necesidad de incluir las reuniones del Consejo Gestor, ya que estos altos cargos fueron nombrados como parte del comité en virtud de los puestos que ostentaban en sus respectivos ministerios.
Parece, igualmente, demasiado grosero pensar que estos tres altos cargos hayan desatendido sus obligaciones con el Consejo Gestor. Un ejemplo es que el 31 de julio de 2020, cuando se constituyó, todos posaron para una foto que acompañó la nota de prensa con la que la SEPI oficializó el encuentro. Así que o esa foto fue un montaje o, en virtud de lo registrado en sus cuadrantes, no volvieron a verse las caras.
En este punto sólo hay una forma de comprobar qué ha pasado: que el Ejecutivo publique las actas del Consejo Gestor. De esta forma no habría dudas de cuándo se reunió este comité y en base a qué criterios se dio luz verde a polémicos rescates como el de Plus Ultra. De lo contrario, se abre la duda de si los distintos ministerios están ocultando información pese a los requerimientos vía Transparencia o si realmente estos tres altos cargos, como se refleja en sus cuadrantes, no asistieron a ninguna reunión.
En el primer caso se trataría de una nueva muesca en el historial del Gobierno en materia de Transparencia. Son numerosos los ejemplos en los que distintos gabinetes ministeriales no han tenido reparo alguno a la hora de ocultar datos o, directamente, mentir al ciudadano o al periodista cuando no le interesa ofrecer determinada información sensible para sus intereses. Si por el contrario se trata del segundo escenario, el caso sería mucho más grave porque podrían no haberse dado todas las condiciones necesarias para otorgar estas ayudas dotadas con dinero público. La tercera opción para explicar el caso es que estos tres vocales delegaran por norma su voto en otros representantes de sus distintos ministerios. ABC también ha preguntado por esta opción a los distintos ministerios implicados y a la SEPI, sin obtener respuesta en ninguno de los casos. Más barro y menos luz sobre el caso Plus Ultra.
Polémico expediente
El Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dotado con 10.000 millones de euros y la validación del reparto de ayudas como la de Plus Ultra corre a cargo del citado Consejo Gestor, que debe velar por que las empresas solicitantes cumplan con los requisitos para ser beneficiarias de estas ayudas. Entre ellas destacan condiciones como que las compañías sean españolas, con peso específico en la economía nacional y con un expediente financiero saneado, tanto en los años previos a la solicitud como a medio y largo plazo. Precisamente por estas exigencias no cuadra que la aerolínea recibiera fondos públicos: se le achaca una importante vinculación con empresarios venezolanos, se trata de una firma con escasísimos vuelos en comparación con otros operadores del sector y en los últimos ejercicios tenía pérdidas recurrentes.