UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA
¿Qué son los Perte?
Son una nueva figura, que espera tener vocación de permanencia, bajo la que se engloba a proyectos con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía española. Deben tener un alto componente de colaboración público-privada y ser transversales a las diferentes administraciones. También incluir pymes y un componente importante de innovación.
¿Cuántos proyectos estratégicos va a haber en España?
De momento, se han identificado seis: la industria de la automoción verde y conectada, la generación energética mediante hidrógeno verde, la industria aerospacial, la agricultura sostenible y eficiente, el uso del español en el ámbito de la inteligencia artificial y el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero. Fuentes empresariales, no obstante, no descartan la posibilidad de que esta lista se vaya engrosando pues el volumen de fondos que llegará de Bruselas es muy elevado.
¿Quién determina que un proyecto es un Perte?
Es el Consejo de Ministros quien debe ser quien declare que un determinado proyecto es un Perte. Este, además, deberá acompañarse de una memoria que detalle las medidas de apoyo y de colaboración público-privada que se contemplan. Sin embargo, los proyectos anunciados hasta ahora, como el de Iberdrola y Seat no han pasado este trámite.
¿Hay interés en el mundo empresarial?
Sí, este es uno de los aspectos más positivos del proceso. Desde la publicación del real decreto ley y el lanzamiento de las manifestaciones de interés por parte de los ministerios, miles de empresas han presentado sus proyectos. Este procedimiento, según los expertos, han favorecido el intercambio de opiniones entre el sector público y el privado, lo que ha permitido a su vez acercar las posiciones de ambos actores, a veces demasiado alejadas.
¿El real decreto de los fondos despeja el camino?
Los expertos en Derecho Público consideran que la norma es ambigua y que no impulsa cauces claros para que la colaboración público-privada sea exitosa. Además, remarcan los riesgos que puede implicar para la competencia reducir a la mitad los plazos de muchos procedimientos.