El juez del caso ERE investiga los 2 millones concedidos «de forma injusta» a la firma estatal Tragsa
La Junta financió la prejubilación de 21 bomberos del Parque de Doñana y la renta vitalicia de un intruso
El juez que instruye el caso ERE, José Ignacio Vilaplana, reactiva una investigación que afecta a la empresa pública Transformación Agraria S.A. (Grupo Tragsa). El magistrado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe documentación relativa a los despidos y prejubilaciones financiados con cargo al fondo de los ERE, a través de un auto fechado el pasado 31 de mayo, al que ha accedido ABC. Tragsa, controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), recibió de la Junta de Andalucía casi dos millones de euros «de forma injusta y arbitraria» y «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido» en el año 2005, según indica el juez.
En esta pieza separada de la macrocausa penal de los ERE están investigadas seis personas por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación. Se trata del exdirector general de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera; el entonces director de Recursos Humanos de Tragsa, Jorge Fernández de Cañete Echegoyen; el exdirectivo de Vitalia Antonio José Albarracín Muñoz y el comercial de esta mediadora Jesús María Bordallo; el dirigente sindical Antonio Ruiz Ocaña, y un «intruso» incluido en el ERE, Pedro Javier Ortiz Rodríguez.
El directivo de Tragsa firmó el protocolo de colaboración el 15 de junio de 2005 con el entonces director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, fallecido el pasado 11 de octubre. En virtud de este acuerdo, la Junta se comprometía a pagar el 80,7% del coste de la extinción de los empleos, 984.778 euros, y Tragsa, el resto, 235.593 euros. Posteriormente, Guerrero suscribe un convenio con la agencia autonómica IDEA por el que eleva la cuantía subvencionada. En su declaración judicial, Fernández de Cañete aseguró que no recordaba haber firmado dicho protocolo. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pide a la Guardia Civil que contraste esta versión.
Para el instructor, el «directivo principal del Grupo Tragsa no habría presentado solicitud motivada y justificada para recibir las ayudas, en legal forma (incluyendo el importe de la subvención solicitada, actividad a subvencionar, memoria descriptiva, etc.)». «Se concedieron las ayudas –nótese, por un importe muy elevado– sin resolución motivada de concesión y, sin que además, al propio tiempo –o posteriormente– a su otorgamiento, se le exigiera que justificaran el empleo de los fondos públicos percibidos», expone en su resolución.
La ayuda estaba destinada a financiar 21 prejubilaciones de trabajadores del Grupo Tragsa mayores de 55 años dedicados a la extinción de incendios forestales del Parque Nacional de Doñana, con el compromiso de que iban a ser sustituidos por otros tantos operarios jóvenes. Pero en el expediente se coló Pedro Javier Ortiz Rodríguez, que fue introducido en la lista de beneficiarios «por indicación» de un dirigente de la federación del Metal de UGT, Antonio Ruiz Ocaña, según un escrito que la aseguradora envió a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y que obra en el sumario.
En su auto, el instructor del caso hace constar que el «intruso» era, en realidad, un trabajador afectado por el ERE de Fundiciones Caetano, «sin relación laboral con Tragsa». Con dinero público se le pagaron unas prestaciones que oscilaban entre los 90 y 99,37 euros al mes hasta los 65 años y una renta vitalicia tras cumplir dicha edad. Además, se incluyó otro asegurado que fue excluido en el año 2012 porque incumplía los requisitos.
Entrega de documentos
El magistrado ordena una serie de diligencias para avanzar en esta pieza separada de la macrocausa de los ERE. Dirige un oficio dirigido a la UCO para que «amplíe la investigación realizada». En concreto, solicita a los agentes que recaben del Grupo Tragsa «cuanta documentación disponga sobre los despidos y prejubilaciones de los trabajadores afectados por el correspondiente reajuste de plantilla objeto de las presentes actuaciones» y la copia del expediente personal de 21 extrabajadores. «En caso de que no se disponga de dicha documental, su ausencia deberá ser informada, justificada y certificada» por los directores de Recursos Humanos y de la Asesoría Jurídica de Tragsa. Éstos deberán facilitar la documentación «a la mayor urgencia» a la UCO, con advertencia expresa de que, de no hacerlo, «podrán incurrir en un delito de desobediencia y/o denegación de auxilio a la autoridad judicial o un delito de usurpación de atribuciones judiciales».