Armengol blinda la escuela cien por cien en catalán en su nueva ley de Educación
PALMA DE MALLORCA
El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol blindará la inmersión lingüística en las aulas antes de que acabe la legislatura. La nueva ley de Educación, que prevé aprobar a finales de 2021 o enero de 2022, obliga a dar un mínimo del 50% de las clases en catalán y, como novedad, permite a los colegios ampliar este porcentaje hasta el 100%. El anteproyecto de la ley, aprobado ayer en un Consejo de
Gobierno extraordinario y que ahora inicia el trámite parlamentario, también relega el castellano y solo da el estatus de lengua vehicular al catalán, al que define como «lengua propia» y «lengua vertebradora de la enseñanza». El español queda rebajado a «lengua de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo», al mismo rango que un idioma extranjero.
Después de seis años de legislatura, Armengol encara la recta final de su segundo mandato acelerando la tramitación de la primera ley balear de educación. El anteproyecto aprobado es la quinta versión de su redactado y cuenta con el visto bueno de los partidos en el Gobierno▶ PSOE, los nacionalistas de Més y Podemos. Se trata de un proyecto estrella que se frustró en su primera legislatura y que retoma ahora a imagen y semejanza de la Lomloe o ‘ley Celaá’.
La lengua básica
El texto inicial, expuesto en 2019, reconocía «el uso de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares de enseñanza» en su artículo 122.1.c, que ahora se ha eliminado. El consejero March insistió ayer en que quiere «un modelo lingüístico plural y diverso» donde el catalán sea la «lengua bási
ca» y el castellano sea una «lengua de aprendizaje», al igual que los idiomas extranjeros. Aunque March prometió no incluir porcentajes de lenguas en la enseñanza para permitir «una sociedad plurilingüe», finalmente ha cedido a las presiones de los socios econacionalistas, que amenazaban con votar en contra de esta ley si no se blindaba el catalán. Ahora, su norma habla de reservar al menos la mitad del horario escolar a la lengua catalana, en contra de los principales partidos de la oposición y una parte de la comunidad educativa, que reclamaba un modelo lingüístico flexible y adaptado a la realidad sociolingüística de los centros.
En el artículo 133 se obliga a los centros a reservar al menos la mitad del horario en la lengua propia «para asegurar el proceso de normalización lingüística», en cumplimiento del Decreto de Mínimos. Esta norma, aprobada por el PP en 1997, ha permitido una inmersión lingüística ‘de facto’ en buena parte de los centros públicos de Baleares, al no fijar un máximo de horas de catalán y permitir casi un 100% de las clases en esta lengua.
La ley va más allá de este decreto y fija la posibilidad de que los centros implementen «estrategias de inmersión lingüística» para que «la lengua catalana mantenga su función de referencia de cohesión social», según especifica el texto definitivo publicado ayer en la página web del Gobierno autonómico. Esto supone un aval para la inmersión frente a las sentencias del Supremo que han cuestionado este modelo de aprendizaje.