El Consejo de Europa apunta la debilidad de los fiscales del Vaticano
La plantilla es escasa y faltan especialistas en delitos monetarios, advierte en un informe
A pesar de que reconoce los progresos realizados desde la inspección anterior, el Consejo de Europa advirtió ayer al Vaticano que su lucha contra los delitos económicos es lenta «en parte por escasez de recursos en la parte fiscal y policial, así como por la insuficiente especialización de los investigadores en terrenos financieros». Debido a esas carencias, «los resultados en el Tribunal del Vaticano han sido modestos» en cuanto al número de condenas.
El Consejo de Europa resumía en su página web (coe.int) el informe de 274 páginas del Comité de Evaluación, Moneyval, señalando que «invita a la Santa Sede, incluido el Estado del Vaticano, a reforzar las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo». Al mismo tiempo, lamenta que Moneyval no haya podido completar su investigación sobre «las alertas por posible abuso interno del sistema a cargo de funcionarios de nivel medio y superior para beneficios personales». La colaboración del Vaticano fue insuficiente.
Como novedad, el extenso informe comenta que el juicio contra los funcionarios de la Secretaría de Estado por posibles delitos de «malversación de fondos, apropiación indebida, fraude, lavado de dinero y abuso de poder» en el escándalo de las inversiones inmobiliarias en Londres (edificio Harrods de Sloane Avenue) tendrá lugar «en el verano de 2021». Como preparación al «maxiproceso», en el que podría figurar como imputado el cardenal Angelo Becciu –antiguo, supervisor de los fondos reservados de la secretaría de Estado–, el Tribunal del Vaticano empezó a utilizar el pasado lunes una sala más grande en los Museos Vaticanos.
Desde que firmó la convención europea contra los delitos monetarios en 2009 –como primer paso para dejar de ser de hecho un paraíso fiscal para evasores italianos–, el Vaticano ha ido mejorando las «notas» que obtiene en cada inspección del Consejo de Europa.
Poco después de que finalizase la última inspección de Moneyval que ha dado lugar a este informe, el Papa cambió las leyes penales para que los cardenales y obispos sean también enjuiciados, como el resto de los funcionarios, por el Tribunal del Vaticano, compuesto por magistrados laicos, todos ellos de nacionalidad italiana igual que los fiscales.
Nuevas leyes
En la misma línea, el pasado mes de abril, el Vaticano prohibió a todos los funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales, y a todos los empleados aceptar regalos por valor superior a cuarenta euros.
En cambio, tendrá que actuar todavía en otro aspecto crítico, identificado por el informe en el punto 257: «El hecho de que no todos los fiscales trabajen exclusivamente para la Santa Sede o el Estado del Vaticano supone una vulnerabilidad», pues tienen otros clientes externos. Por lo tanto, señala que «para evitar posibles conflictos de intereses o la percepción de que los hay, conviene estudiar que todos los fiscales que se nombren en adelante trabajen exclusivamente para el Vaticano».