ERC Y BILDU LIBRAN A SÁNCHEZ DE RENDIR CUENTAS 37 VECES
Gracias al voto de los independentistas no ha respondido sobre el caso Delcy, el rescate de Plus Ultra, la crisis de Ceuta y las presiones al CGPJ
La deuda que el Gobierno tiene con el secesionismo se mide en cifras que van más allá de las votaciones de investidura o Presupuestos. En tan solo año y medio, los partidos independentistas han evitado la constitución de siete comisiones de investigación en el Congreso por asuntos relacionados con los socios de coalición o su gestión y una treintena de comparecencias de miembros del Gobierno ante el pleno, de las que casi la mitad de ellas –14– se exigían a Pedro Sánchez. Del resto de explicaciones vetadas, tres se reclamaban a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; otras tantas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a los titulares de Justicia, Juan Carlos Campo y antes Dolores Delgado; mientras dos de ellas se dirigían a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya y otras dos al ministro de Agricultura, Luis Planas.
La oposición también pidió a los titulares de Fomento, José Luis Ábalos; Seguridad Social, José Luis Escrivà; y a las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; y Defensa, Margarita Robles, que acudieran al pleno a rendir cuentas una vez, sin éxito.
ERC y EH Bildu, pero también el PNV, han sido decisivos en todas estas votaciones. La mayoría de la investidura se alinea semana tras semana en las reuniones que la Junta de Portavoces celebra a puerta cerrada, protegiendo al Gobierno de cualquier ofensiva lanzada por el PP, el único partido con los diputados suficientes para pedir comisiones de investigación o comparecencias en el hemiciclo. Pero a esta mayoría se unen muchas veces otros grupos independentistas que no apoyaron la investidura como Junts o la CUP.
Esperando a Irene Montero
Esta fue la ecuación que vetó en febrero del año pasado las dos peticiones de investigación «sobre el estricto cumplimento de las sanciones adoptadas por la UE con la crisis en Venezuela». El PSOE también abortó con la ayuda de sus socios la creación de una comisión sobre la «presunta financiación ilegal de Podemos», el pasado mes de septiembre, o frustró que el Congreso investigara «las ayudas concedidas a la compañía Plus Ultra a través del
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas», en abril.
El independentismo también fue clave hace nueves meses, cuando la Junta de Portavoces decidió tumbar la creación de una comisión Mixta Congreso-Senado «sobre la gestión desarrollada por el Gobierno frente al Covid-19 y sus efectos sanitarios, sociales y económicos». Pese a que la pandemia y sus consecuencias son las principales preocupaciones de los españoles, aquella iniciativa del PP solo contó con el apoyo de Vox y Ciudadanos.
Y de nuevo el PSOE y Unidas Podemos contaron con los votos de ERC y EH Bildu para echar abajo el intento de investigar en el Congreso el caso de la presunta niñera de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y, en concreto, «el destino y finalidad del presupuesto público destinado» a «las nóminas de la asesora de la ministra, María Teresa Arévalo Caraballo». En aquella votación, el PNV se posicionó en contra de la iniciativa popular, pero se separó ligeramente del argumentario de la coalición, defendiendo que la
ministra debía ofrecer explicaciones a iniciativa propia. A fecha de hoy, esa rendición de cuentas aún no se ha producido.
Opacidad para ambos
El último ejemplo de esta estrategia de vetos a las investigaciones parlamentarias incómodas para el Gobierno tuvo lugar hace tan solo quince días, cuando el PSOE y sus socios impidieron la creación de una comisión «para esclarecer la intervención» del presidente del CIS, Félix Tezanos, en este organismo, así como la variación de los «criterios de elaboración de encuestas». La petición popular también consideraba necesario analizar «el sistemático error en las estimaciones de voto» de la institución, «las causas de su desprestigio», «el uso partidista al servicio del partido del Gobierno y el empleo de dinero público en subcontrataciones dudosas». Sin embargo, tampoco los socios del Gobierno entendieron que estas razones fueran suficientes para abrir una investigación y decidieron convertir la iniciativa en una simple comparecencia de Tezanos. Una fórmula que permitirá al presidente del CIS faltar a la verdad –lo que no podría hacer en una comisión de investigación– e impide citar a directivos o trabajadores del organismo.
No obstante, para el Gobierno es tan importante evitar comisiones de investigación incómodas como comparecencias inconvenientes. Y en esto encuentra una doble alianza con el independentismo, al que conviene tanto como a La Moncloa que exista opacidad sobre sus conversaciones y acuerdos. Gracias a ello, Sánchez se ha librado de rendir cuentas por sus encuentros con líderes catalanes en La Moncloa, los indultos, la posición de la Abogacía del Estado ante la inmunidad de Oriol Junqueras, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General o el alcance del acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral. Pero el jefe del Ejecutivo también ha eludido dar explicaciones por cuestiones en las que está obligado por ley, como informar sobre el contenido de los consejos europeos. En este caso, dos veces.
La lista continúa con el caso Delcy, los ERE de Andalucía o los ataques de miembros del Gobierno a la libertad de prensa, sobre los que no ha habido explicaciones del líder socialista en el pleno de la Cámara. La gestión del Covid-19 no se libra. El jefe del Ejecutivo esquivó dos comparecencias que el PP le pidió en abril del año pasado sobre las previsiones sobre su impacto económico y social.
De nuevo el pasado mes de octubre, Sánchez volvió a contar con la ayuda del independentismo para no tener que rendir cuentas ante el pleno sobre lo que los populares consideraron «la ofensiva gubernamental contra la independencia de las instituciones democráticas». La reciente crisis de Ceuta, calificada como «inédita por el propia presidente», tampoco ha logrado arrancar explicaciones de Sánchez. La Junta de Portavoces las vetó la semana pasada.
Capítulo aparte
En esta estrategia de proteger al máximo al Gobierno a puerta cerrada, todo lo relacionado con los acuerdos entre éste y el independentismo tiene entidad propia. De este modo, Calvo se ha librado de explicar si algún miembro del Ejecutivo dio instrucciones a la Abogacía en el juicio del 1-O, mientras la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, no tuvo que comparecer por la filtración del informe de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, ni Campo ha tenido que hacerlo ahora por los más que previsibles indultos.
La alianza con el independentismo es, así, el oxígeno con el que semana a semana, PSOE y Unidas Podemos sobreviven en el Congreso pese a contar con la mayoría más exigua de toda la democracia.