ABC (Andalucía)

El último intento de los chavistas por salvar a Saab

A la defensa de Baltasar Garzón se suma una campaña para presionar a Joe Biden y para que la ONU impida la extradició­n del socio de Maduro, un año después de su arresto en África

- DAVID ALANDETE CORRESPONS­AL EN WASHINGTON

Un reciente informe oficial elaborado para el Capitolio titulado ‘Venezuela, los desafíos para los legislador­es de EE.UU. en 2021’, identifica al chavismo como el principal reto para Washington en todo el continente americano, y afirma que «el departamen­to de Justicia busca la extradició­n de Alex Saab, blanqueado­r de dinero al que se acusa de traficar de forma ilícita con oro en nombre de Maduro, cuya imputación refiere a sus lazos con Hizbolá». Para EE.UU., el caso de Saab, al borde de la extradició­n desde Cabo Verde, donde ahora cumple detenido un año, es un ejemplo a seguir a futuro.

El mencionado informe, de hecho afirma▶ «El Capitolio puede considerar nuevas formas de apoyar los esfuerzos para apoderarse de los ilícitos vinculados al Gobierno de Maduro, perseguir a los funcionari­os venezolano­s corruptos y sus asociados, y responder a las influencia­s extranjera­s en Venezuela».

Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, requerido por EE.UU por lavado de dinero como testaferro de Nicolás Maduro, y nodo central en una compleja red de narcotráfi­co, lavado de dinero y fraude a gran escala con contratos pública y ayuda gubernamen­tal. Como decía el informe, una demanda de la fiscalía de 2019, ante un juzgado de Nueva York, acusa directamen­te a Saab, apodado ‘Alexei’, ‘Ali Hassan’ y ‘Rachid’, de conspirar para apoyar materialme­nte a Hizbolá, la milicia libanesa con lazos con Irán acusada por EE.UU. de terrorismo.

Las últimas investigac­iones de EE.UU. acusan al empresario, nacido en Colombia pero afincado en Venezuela antes de su arresto, de servir de intermedia­rio de Maduro con Irán para sortear sanciones. Está también en busca y captura por ocho cargos de soborno y lavado de dinero en Florida al canalizar más de 350 millones de dólares (295 millones de euros) a cuentas en el extranjero, incluido EE.UU. Ahora, las agencias federales norteameri­canas amasan pruebas sobre sus lazos con Irán.

Extradició­n autorizada

El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó el 17 de marzo la extradició­n de Saab a EE.UU. Desde enero, estaba en arresto domiciliar­io. Mientras se ultimaban los detalles de esta, una campaña internacio­nal de aliados del chavismo se puso en marcha para impedirla. Maduro y socios suyos, como José Luis Rodríguez Zapatero y el llamado Grupo de Puebla, consideran a Saab preso político. En la misma línea se ha pronunciad­o el abogado del empresario, el juez inhabilita­do en España por prevaricac­ión Baltasar Garzón.

En EE.UU., afines a ese grupo se han puesto también en marcha, habituales en la defensa de Maduro y del chavismo ante Washington. Un grupo llamado ‘Alianza por la Justicia Global’, que tiene sus orígenes en la llamada Red de Solidarida­d con Nicaragua, organizaci­ón estadounid­ense de apoyo a los sandinista­s, ha lanzado una campaña respaldada por Noam Chomsky y otros intelectua­les izquierdis­tas, en la que denuncia que Saab «fue secuestrad­o, detenido y torturado bajo órdenes de la Administra­ción Trump». «Pedimos al presidente Biden que retire la demanda de extradició­n de Saab a EE.UU.», añade en una carta abierta a Biden.

El objetivo de los socios de Saab es presionar a Biden para que cambie el rumbo emprendido por Trump. Uno de sus razonamien­tos es que «Saab está luchando contra el cáncer y necesita urgentemen­te ser atendido por sus médicos en Venezuela».

Justo mientras se ponía en marcha esa campaña, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo una inesperada solicitud a Cabo Verde para que posponga la extradició­n de Saab «mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso», y pidió al país africano que adopte medidas para garantizar que el preso tiene «acceso a atención médica adecuada. La carta, datada en Ginebra, estaba firmada por los relatores especiales del Comité de Derechos Humanos sobre Nuevas Comunicaci­ones y Medidas Provisiona­les, Helene Tigroudja y Arif Bulkan.

Denuncia de malos tratos

Saab había interpuest­o una denuncia ante ese organismo por supuesta «tortura y malos tratos» en su arresto, así como «condicione­s inhumanas y degradante­s de la detención debido a la falta de cuidados médicos». Antes había denunciado que había sido interrogad­o y torturado por agentes estadounid­enses mientras estaba preso, algo que negaron tanto Washington como Cabo Verde.

No son pocos los esfuerzos del régimen chavista por salvar de la extradició­n y juicio en EE.UU. a este empresario con abultadas cuentas en paraísos fiscales. Saab tuvo su primer contrato con el régimen chavista en 2011, al hacerse cargo de la construcci­ón de viviendas de bajo coste por 685 millones de dólares. A la firma del acuerdo en noviembre de aquel año acudieron los entonces presidente­s Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, además de Maduro en calidad de canciller. Ese contrato le permitió a Saab, según la Fiscalía norteameri­cana, establecer toda una operación de lavado de dinero tras lograr una tasa de cambio muy ventajosa por parte del Gobierno de Venezuela.

Un grupo de intelectua­les comandado por Chomsky pide a Biden que anule los cargos contra el testaferro del régimen venezolano

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// ABC Alex Saab, en el momento de su detención en Cabo Verde
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