Competencia cerca los abusos de la banca con los créditos ICO
Los créditos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) fueron uno de los mayores retos para la banca en los primeros meses de la crisis del Covid19. El sector puso su maquinaria al servicio del Estado para garantizar la liquidez necesaria al tejido productivo, pero ahora la sombra de la sospecha se cierne sobre el gremio por presuntos abusos cometidos en la comercialización de los préstamos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió ayer expediente sancionador a Banco Santander, Caixabank (también Bankia) y Banco Sabadell por «posibles prácticas restrictivas de la competencia». El supervisor aseguró ayer en un comunicado que «investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO Covid». En el expediente también se analiza «la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes». Ambas prácticas están prohibidas por la normativa.
Competencia estima que el comportamiento de las cuatro entidades «se alejaría de la buena fe» y que estas prácticas podrían haber alterado «el comportamiento económico de los consumidores», falseando la libre competencia y afectando al interés público. Una investigación que se inició el año pasado y que ya se ha hecho pública. Ahora se abre un periodo de hasta 18 meses para dilucidar si ha habido infracción y las fuentes consultadas aseguran que no se pue
de descartar, en todo caso, que en la CNMC haya en marcha investigaciones sobre más bancos.
Santander, Caixabank y Sabadell emitieron ayer sus respectivos comunicados en los que negaban haber incurrido en las prácticas de las que les acusa la CNMC. Defienden que han actuado siempre conforme a las normas de competencia y se han puesto a disposición del supervisor para aportar todas las pruebas que sean necesarias.
Lo cierto es que este problema ya empezó a colear desde los primeros compases del estado de alarma de marzo de 2020. Pronto se pusieron en marcha los avales del ICO por parte del Gobierno y en abril empezaron las primeras denuncias de clientes. El Banco de España llegó a tomar partido para advertir a las entidades de que no podían vincular los avales del ICO a contratar también otro tipo de productos, ante lo que lanzó un comunicado señalando que revisaría «el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas bancarias».
«El Banco de España requiere a las entidades financieras que la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones (las de la norma) y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables», informó el supervisor en abril del año pasado.