El PP se mete en un charco y salpica a su socio
El Gobierno andaluz insiste en que está «encapsulado» pero la salida de los populares del Pacto Antitransfuguismo levanta ampollas y deja en evidencia al Parlamento
No es la primera vez pero sí la más grave. Los responsables del PP andaluz se sienten directamente perjudicados por una decisión de su dirección nacional, que no cuestionan en público pero que los deja en evidencia política en Andalucía. La salida de ese partido del Pacto Antitransfuguismo –revalidado hace pocos meses en el Congreso de los Diputados– y que se conoció esta misma semana, puede cimbrear los cimientos del sólido acuerdo entre los populares y Ciudadanos en Andalucía. La versión oficial es la misma, «el Gobierno andaluz está encapsulado» y la Junta se defenderá con uñas y dientes. Hay, además, un pacto de estabilidad firmado entre Juanma Moreno y Juan Marín para impedir el trasvase de cargos entre ambos partidos. Es decir, que el PP extienda su ofensiva de absorción a Ciudadanos en Andalucía como sí está sucediendo en otras comunidades.
Pero la sombra de la duda se proyecta sobre el Ayuntamiento de Granada, un «conflicto local» según insisten a ABC desde PP y Ciudadanos, que está empezando a poner nerviosos a los dirigentes de ambas formaciones en Andalucía. Sobre todo por el posible pase al PP de los dos concejales que han abandonado a Luis Salvador –y con el que tenían muy malas relaciones desde hace más de un año–.
Los movimientos de Fran Hervías, bendecidos por Teodoro García Egea, preocupan mucho en el Gobierno andaluz. En ambos partidos del Gobierno andaluz. No sólo por Granada sino también porque podría tener efecto en otros ayuntamientos e incluso en el Congreso de los Diputados donde Pau Cambronero, electo por Sevilla, ya ha dejado la formación naranja y está a un paso de irse al PP.
También tiene otras consecuencias políticas graves para el PP y Ciudadanos. El Parlamento de Andalucía ha sido la primera Cámara autonómica en cambiar su reglamento de funcionamiento al Pacto Antitransfuguismo por lo que ahora ha convertido en norma lo que el PP rechaza. Una situación bastante surrealista.
Desde el principio, Teresa Rodríguez y los ocho diputados que le son afines han denunciado que todo era una treta elaborada por Enrique Santiago (secretario general del PC en Madrid) y Rafael Ibáñez, asesor de IU ahora en el Parlamento, para echarlos del grupo Adelante Andalucía. Una decisión, por cierto, que está estudiando el Constitucional porque podría ser ilegal.
El portavoz del PP, José Antonio Nieto, no tuvo más remedio que reconocer lo evidente, «han buscado un pacto trampa en el que sólo querían una justificación para la ruptura absoluta del grupo Adelante Andalucía». Ya lo advertía Teresa Rodríguez pero todos los grupos se pusieron en su contra. Ahora, el embrollo jurídico no puede tapar el escándalo político. Tanta rapidez no era buena en este caso.