Comparsa muda

NO hace falta enredarse mucho en tecnicismos de leguleyos para descifrar la letra pequeña del hachazo que promueve el Gobierno contra las funciones del TC, con el PNV como ariete parlamentario. Basta con constatar que, una vez maniatado el Poder Judicial, Pedro Sánchez está reactivando otra fase más de su plan de control absoluto de las instituciones del Estado. Ahora, despojando al TC de su capacidad para ejecutar sus propias sentencias, fulminando el recurso previo de inconstitucionalidad para paralizar Estatutos con alma separatista, o impidiéndole actuar contra referendos ilegales. Cuando Mariano Rajoy modificó en 2015 la ley del TC para reforzar su capacidad jurídica, por ejemplo contra abusos independentistas, lo hizo parcialmente con el apoyo del PSOE. Otro golpe amnésico de hemeroteca que asesta Sánchez a su propia coherencia, idéntico al de su olvidado compromiso de endurecer las penas contra las consultas ilegales.

Ahora, el preámbulo de esta ley para desapoderar al TC habla por sí solo sobre la pretensión del Gobierno. El preámbulo sostiene textualmente que en 2015 el PP «adelantaba el papel político que se quería otorgar al TC». Aquella reforma –añade hoy el PNV– «permitía a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo. Esa ley orgánica, en lugar de obligar a cada uno a asumir sus respectivas obligaciones, se permitía delegarlas en el alto tribunal con claro infantilismo político».

La premisa es tan delirante como autoritaria. Impone la supremacía del mercadeo entre partidos sobre la propia legalidad, lo que sitúa a la Constitución en un plano inferior a cualquier acuerdo entre un gobierno y el independentismo, sean o no legales sus objetivos. El mero ‘consenso’ adquiere así dogma de legitimidad, y cualquier interpretación jurídica que pudiera hacer el TC sobre la constitucionalidad de un chantaje separatista queda automáticamente desactivada. Por tanto, unos partidos podrán negociar libremente la superación de la Constitución por la vía de los hechos consumados, y como ese es un acto político proveniente del «diálogo y el consenso», adquiere automáticamente un valor superior al de la propia legalidad. Así el TC, convertido ya en una comparsa muda y censurada, no tendría nada que sentenciar. Y quien no lo acepte, incurre en infantilismo político. Va a ocurrir. Para que vaya sonando.