La Junta mira al nuevo PSOE para desbloquear su ley del suelo
▶ La consejera de Fomento planea llevarla al Parlamento en julio y busca apoyos entre los socialistas tras el boicot de Vox ▶ Alcaldes de todas las siglas urgen a acabar con la maraña normativa actual, que frena inversiones en sus municipios
Fue un golpe durísimo que nadie esperaba. Rompiendo su costumbre, Vox bloqueó el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la nueva norma del suelo impulsada por la Junta. El partido de Santiago Abascal facilitó con su abstención que saliera adelante la enmienda a la totalidad del grupo Adelante Andalucía (la confluencia electoral de Podemos e Izquierda Unida) a esta iniciativa que pretende poner orden en la enmarañada legislación urbanística de la comunidad. El PSOE de Susana Díaz se sumó en el último minuto al bloqueo para infligir la primera gran derrota al Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en el Parlamento.
Pero la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), no se resigna. La responsable autonómica va a retomar esta misma semana las conversaciones con todos los grupos políticos para recabar apoyos y poner a cero el contador de una ley crucial en la agenda de la Junta. «Quiero llevarla al Parlamento andaluz el próximo julio si cuento con el apoyo suficiente. Creo que la situación es reconducible. Lo que pido es tener la oportunidad de debatirla e iniciar su trámite, lo que no quita que se incluyan enmiendas parciales para poder mejorarla», avanza a ABC. Va a trabajar contra reloj para llevar el proyecto a la Cámara antes de agosto. Los días 21 y 22 de julio son la fecha límite, cuando se celebra el último pleno antes de la suspensión de la actividad.
Carazo, que llevaba meses negociando el borrador con los partidos e incorporando sus aportaciones, quiere despedir el curso político con la reforma desatascada. Y busca complicidad en el nuevo PSOE comandado por Juan Espadas para sacarla del bloqueo.
La Junta cuenta con una baza a su favor: la nueva regulación legal es muy demandada por alcaldes de todas las siglas, socialistas incluidos, que han visto tumbados sus planes generales en los tribunales. Los regidores meten presión en sus filas para escapar del laberinto al que les ha empujado la ley vigente desde 2003, conocida por sus siglas LOUA, que ha dado lugar a una creciente inseguridad jurídica.
Uno de ellos es el regidor de Dos Hermanas, Francisco Toscano, que conserva un enorme ascendiente político sobre el emergente líder socialista y está llamado a convertirse en uno de los hombres fuertes en su equipo. El alcalde nazareno preside el Consejo Andaluz de los Gobiernos Locales, cuyas aportaciones al anteproyecto de ley fueron, en su mayoría, recogidas por la Junta. Durante su exposición pública, la consejería también incorporó enmiendas planteadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), bajo el mando del presidente de la Diputación y del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, una persona de total confianza de la secretaria regional del PSOE.
La consejera mantiene los puentes de negociación abiertos con Vox y el Grupo Socialista, que estrena estrategia y portavoz –Ángeles Férriz releva a José Fiscal– después de que la dirigente del PSOE-A, Susana Díaz, haya salido derrotada en las primarias de su partido frente al alcalde de Sevilla.
Tras el desgaste sufrido por esta marca desde que perdió la Junta de Andalucía en las elecciones del 2 de diciembre de 2018, los socialistas necesitan proyectarse como una oposición capaz de sostener una mínima interlocución constructiva con el Ejecutivo de Juanma Moreno.
Una abstención de los socialistas a la nueva norma del suelo, además, otorgaría a Espadas la oportunidad de cortar amarras con la etapa anterior de Díaz, quien fió toda su estrategia a demonizar cualquier iniciativa que partiera de lo que denomina el «trifachito» de la derecha. Con esta táctica alimentaba el protagonismo a Vox, que cada pleno martillea al presidente andaluz con un adelanto electoral que el PSOE, envuelto en su propia reconstrucción interna, no desea ni de lejos.
La Lista incluyó enmiendas del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, dirigido por Toscano, con un enorme ascendiente sobre Espadas
Diez años para un PGOU
El proceso de adaptación a la LOUA resulta tan farragoso y complejo que ha provocado que los ayuntamientos consuman más tiempo en elaborar sus Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) –entre ocho y diez años de media– que lo que duran en vigor. La consecuencia es un freno a la actividad económica: promociones de pisos que no se ejecutan, inversiones paralizadas y más de 300.000 familias residentes en casas levantadas de forma ilegal en suelos no urbanizables que no salen del limbo jurídico en el que están sumidas, sin acceso, muchas de ellas, a enganches de agua y luz. La Lista trata de resolver este galimatías jurídico y ajusta la regulación autonómica a la ley estatal. El nuevo texto legal establece dos categorías de suelo: el urbano y el rústico, frente al desfasado modelo actual, que distingue entre urbano, urbanizable y no urbanizable. Antes de las primarias que han puesto fin al ‘susanismo’. el portavoz saliente del PSOE, José Fiscal, mostró su disposición a volver a sentarse con la Consejería para consensuar la norma. Sus reservas se centraban en los usos compatibles en suelo rústico. En principio, los socialistas habían sopesado abstenerse frente al veto de Ade
lante Andalucía. Pero el giro de Vox lo cambió todo. De hecho, el PSOE ni siquiera había presentado su propia enmienda a la totalidad, como es habitual cuando se rechaza un proyecto de este calado. Durante el Pleno de la Cámara que frenó la iniciativa, el pasado 26 de mayo, José Fiscal reconoció la «necesidad de cambiar la normativa urbanística en Andalucía para ajustarnos a los nuevos tiempos», pero justificó su rechazo comprando el discurso más izquierdista. «La ley permite alterar los suelos rústicos y construir prácticamente en cualquier sitio de Andalucía donde haya un hueco», alegó el diputado socialista.
La consejera Marifrán Carazo recuerda que su proyecto retoma el texto tramitado por el Gobierno de Susana Díaz en la anterior legislatura, que el adelanto electoral le impidió aprobar. Mantiene cuestiones que obtuvieron un amplio respaldo social, pero incorpora informes y propuestas de los principales operadores, los ayuntamientos y los ciudadanos. Sobre todo, «reduce trámites administrativos que no estaban justificados». La Lista permite resolver problemas urbanísticos de muchos municipios que llevan años enquistados, defiende Carazo, que está determinada a sacarla adelante. Prueba de ello es que ya está redactando los reglamentos para desarrollarla y evitar así un vacío legal hasta su entrada en vigor. Sería la próxima primavera si consigue iniciar su trámite en julio.
«Que el PSOE vote a favor de la ley, a lo mejor es pedirle demasiado aunque sea una norma no ideológica, muy dialogada y pragmática; sí podría optar por una abstención crítica», apuntan las fuentes populares. Sería un primer paso hacia la reinvención del nuevo PSOE con Espadas y sin Susana Díaz.