Escrutinio

La proliferación de las investigaciones del juez García Castellón entre grandes personalidades del Ibex es motivo de desconcierto y preocupación. Primero fue el BBVA, a causa de las andanzas del anterior presidente; luego en Repsol afectó tanto a su presidente actual como al presidente de la Fundación. Ayer, la fiscalía le pidió que añada a la lista al presidente de Iberdrola y a varios de sus más allegados ejecutivos. Claro que es obligado recordar aquello de la presunción de inocencia, pero nadie puede ignorar el impacto que provoca el mero inicio de las investigaciones. Tampoco se pueden apilar todas ellas en una causa general –pues son distintos en su origen, motivos y gravedad–, más allá de su común inconveniencia, su desafortunada coincidencia en el tiempo y la aparición en todos ellos de un comisario siniestro a quien no debieron contratar nunca.

Hoy en día, las empresas, todas las grandes y muchas de las medianas, se han dotado de sistemas de buen gobierno que incluyen una prolija batería de normas dirigidas a impedir la comisión de delitos societarios y toda una serie de actuaciones previstas para castigarlos cuando se producen. Las comisiones de ética y cumplimiento han venido a reforzar la actuación de las tradicionales y más habituales comisiones de auditoría. Sin duda alguna es una evolución positiva que se integra en los usos y costumbres mercantiles internacionales. Pero, para que sean creíbles, han de demostrar que cumplen su función cuando se producen casos que terminan judicializados, aunque sea a nivel indiciario. Todos los órganos de gobierno deben velar por el buen nombre y el bien hacer de las empresas a las que representan. La reputación es una de sus primeras y más importantes responsabilidades y su defensa no puede resumirse en un mero apunte de ‘embellecimiento’ de las memorias de las sociedades.

Iberdrola aseguró que todas sus actuaciones están dentro de la legalidad. Ninguna noticia sería mejor, para sus empleados, sus accionistas, sus proveedores y el entorno que la acoge, que la confirmación judicial definitiva de ello. Con el respeto debido a la actuación y a los tiempos de la justicia, también cabria recordar que el mero inicio de estas investigaciones causa un serio perjuicio a las empresas afectadas, lo que aconseja su rápida tramitación, con las garantías y las seguridades procesales que exige lo delicado de estos asuntos.