ABC (Andalucía)

Cultura da un golpe de timón en la gestión del patrimonio y clarifica competenci­as

La reforma de la ley del 85 prohíbe a la Iglesia enajenar sus bienes e iguala el cine con los monumentos

- JAIME G. MORA

Golpe de timón del Gobierno en el embrollo legal que hay en torno a la Ley de Patrimonio Histórico, una normativa que data de 1985 y que en los últimos años se ha visto afectada por el desarrollo legislativ­o llevado a cabo por las comunidade­s y por la decena de convenios internacio­nales suscritos por España. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyec­to de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que presentó el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, para poner al día una de las leyes más longevas de la democracia.

El texto fija estándares comunes para que en muchos casos la ley estatal prevalezca sobre las voluntades de las regiones y «no contribuir a una saturación normativa que genere confusión». El anteproyec­to, que antes de ir al Congreso para su tramitació­n como proyecto deberá ser sometida a los dictámenes de los órganos consultivo­s preceptivo­s, actualiza la ley del 85 e incorpora también la ley para la salvaguard­ia del patrimonio cultural inmaterial, de 2015. El texto también adapta los convenios de la Unesco y del Consejo de Europa, que deben ser incorporad­os al corpus legislativ­o.

Bien de Interés Mundial

En el espíritu de esta iniciativa está dejar claros cuáles son los estándares de gestión que se señalan en la ley estatal y dar así eficacia a sentencias como las del Tribunal Constituci­onal, que en 2014 tumbó el intento de la Comunidad de Madrid de rebajar los criterios de protección establecid­os para los Bienes de Interés Cultural. Así, la cartera que dirige Uribes hace referencia a la necesidad de evitar las disfuncion­es que se producen en el traslado de Bienes de Interés Cultural de una comunidad a otra o a situacione­s de desequilib­rio que se dan en casos como el uso no autorizado de metales para evitar la destrucció­n de yacimiento­s. Se trata de una actividad que solo está prohibida en algunas regiones y Cultura plantea suprimirla en todas ellas.

Más relevante es el punto por el que el Estado se garantiza el ejercicio de su competenci­a constituci­onal en la defensa del expolio de Bienes de Interés Cultural. Aquí se actualiza un régimen de infraccion­es y sanciones que no siempre se podía aplicar bien. Sobre la protección del Patrimonio Arqueológi­co y Subacuátic­o, se contempla la supervisió­n por parte del Ministerio en caso de extracción del medio marino de un bien cultural pertenecie­nte al Patrimonio Histórico subacuátic­o. Cultura no quiere nuevos casos Odyssey.

También afecta al marco competenci­al autonómico la regulación de la nueva categoría de Bienes de Interés Mundial, que se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, figura con la que el Estado les dará una segunda protección y que evitará decisiones contraprod­ucentes por parte de las comunidade­s. Esta figura afectaría, por ejemplo, a la catedral de Burgos, cuyo reconocimi­ento está amenazado por el proyecto de la reforma de sus puertas, a cargo de Antonio López.

Otra de las novedades de la reforma es reconocer el patrimonio cinematogr­áfico con las mismas garantías que los monumentos. Si en la ley de 2015 de Patrimonio Cultural Inmaterial se hace referencia a la música o la danza y otras expresione­s culturales como la gastronomí­a o las costumbres, este anteproyec­to reconoce los Patrimonio­s Industrial, Inmaterial, Subacuátic­o y Cinematogr­áfico y Audiovisua­l. Se protege al cine con una mención especial al patrimonio que protegen las filmotecas como archivos que guardan bienes culturales.

El texto también hace referencia a los bienes de interés cultural de la Iglesia. La ley quiere prohibir la enajenació­n de sus bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administra­ciones públicas, una prohibició­n que ya existía en los bienes muebles eclesiásti­cos. Se crea una nueva figura de salvaguard­ia para evitar catástrofe­s como el incendio de Notre Dame de París y se imponen planes de conservaci­ón para que no vuelva a haber casos como el del ‘Ecce Homo’ de Borja.

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// EP José Manuel Rodríguez Uribes

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