Castigo al ahorro
Ha pasado inadvertida la advertencia del presidente de la CNMV de que hay asimetrías que penalizan el ahorro
Pocos han tomado nota de la advertencia lanzada por Rodrigo Buenaventura, el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la pérdida de atractivo de España para la inversión colectiva. La polarización creada por los indultos ha hecho que sus palabras, ante la asamblea general de Inverco, pasaran inadvertidas. «La deslocalización de patrimonios, fondos u otros vehículos de inversión, atendiendo a razones de gestión o incluso a asimetrías fiscales, puede tener un enorme impacto en nuestro propio mercado de valores», advirtió Buenaventura. «No es lo mismo en términos de selección de activos que un fondo o Sicav esté gestionado desde Fráncfort, Luxemburgo o Bilbao».
Los asistentes entendieron que Buenaventura aludía a la nueva fiscalidad de las Sicav que el gobierno de Pedro Sánchez ha introducido en el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal que ha sido aprobado en el Congreso y se encuentra en tramitación en el Senado. Según esta norma, las Sicav deberán tributar al 25% por el Impuesto de Sociedades y no al 1% como hacían hasta ahora si no cumplen determinados requisitos.
Las Sicav son el instrumento de inversión más estigmatizado de España. La izquierda las tomó como blanco de su demagogia pese a que, desde 2010, cuando se les privó de la posibilidad de reducir su capital sin pagar a Hacienda, su tratamiento fiscal ya no resultaba distinto al de un fondo de inversión. La campaña en contra ha tenido impacto▶ del máximo de 34.000 millones que gestionaban en 2015, su patrimonio cayó a 27.600 millones en 2020.
Pero no sólo el tratamiento de las Sicav penaliza al sector. Hay aspectos de la propia legislación que hace que los fondos españoles salgan peor retratados que sus homólogos de la Eurozona. El regulador europeo de los mercados financieros suele criticar las elevadas comisiones de los fondos, pero, más allá de eso, lo que surge de sus estudios (y lleva realizados tres, el último de los cuales se difundió en mayo) es la enorme dispersión regulatoria que existe en el continente. En España, por ejemplo, la regulación es más compleja y esto provoca sobrecostes que se traducen en comisiones y hay una menor competencia entre gestoras que están dominadas por los bancos.
Además, la decisión de reducir el límite de las aportaciones a planes privados de pensiones que eran deducibles fiscalmente, ha hecho mucho menos atractivos estos instrumentos. Así, el ahorro privado para la jubilación ha quedado en tierra de nadie, precisamente en un momento en que la sostenibilidad del sistema público está cuestionada.
No sólo la deslocalización es un riesgo para España, como advirtió Buenaventura, sino la penalización del ahorro. Los fondos de inversiones, de pensiones y sicavs gestionaban 525.292 millones del ahorro de los españoles en diciembre de 2020, poco menos de la mitad del PIB. jmuller@abc.es