El juez reactiva la investigación de los avales y manda a la UCO a recoger informes en IDEA
El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha reactivado el caso Avales, que investiga la «indebida concesión» a empresas de este tipo de ayudas por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), durante la etapa del PSOE. Estas diligencias previas se centran en averiguar si la entidad de la Junta de Andalucía o la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa utilizaron de modo ilícito la figura de los avales como medio para hacer llegar fondos públicos «de manera absolutamente arbitraria e injusta» a determinadas empresas que también habían recibido ayudas con cargo al fondo de los ERE. Dicha investigación fue archivada por la anterior instructora del caso y titular de este órgano judicial, María Núñez Bolaños, amparándose en unos informes periciales que no entraron a analizar todas las irregularidades. La Audiencia Provincial de Sevilla dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación del PP y dejó sin efecto el sobreseimiento porque los informes esgrimidos por la juez era incompletos y no concluyentes.
En un auto dictado el pasado lunes, al que ha accedido ABC, el juez José Ignacio Vilaplana ha ordenado, entre otras diligencias, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en el día de ayer en las dependencias de la Agencia IDEA, en la Cartuja de Sevilla, para «proceder al acceso, registro y volcado» en un dispositivo informático de los expedientes almacenados en los sistemas de gestión de la Agencia IFA/IDEA relacionados con las ayudas concedidas a seis empresas. En concreto, se refiere a aquellas a las que la entidad pública concedió «avales propios» y, además, habrían sido beneficiarias de subvenciones y ayudas sociolaborales con cargo al fondo de los ERE.
Origen, el caso ERE
El caso Avales fue abierto por la juez Mercedes Alaya en 2014 cuando se percató que algunas empresas receptoras de las ayudas del fondo de los ERE eran también beneficiarias de avales otorgados con escasas garantías y dudosa viabilidad.
El juez también requiere a la Intervención General del Estado que elabore un informe pericial sobre las supuestas irregularidades. Una defensa pidió archivar parte del caso alegando la caducidad de los plazos de instrucción.