La claudicación, doctrina de Estado

Los indultos abren una etapa de superación de la conllevancia orteguiana a base del simple desistimiento de España

HASTA ahora, y eso significa en el último siglo, el apaciguamiento del nacionalismo era sólo, o nada menos, que una estrategia, un criterio político. Frecuente, sí, tanto que en mayor o menor medida lo suscribían los dos grandes partidos, pero nunca dejó de ser un camino optativo. En el decreto de los indultos, sin embargo, el Gobierno le ha dado rango de doctrina oficial del Estado. Y en términos precisos, no abstractos, con una declaración de «utilidad pública» que salvo que el Supremo la acabe rechazando consagra la claudicación unilateral como un compromiso de primer grado. Queda así asumido el discurso ‘procesista’ sobre la deuda de España con Cataluña –el plano de igualdad está en el texto de forma literal– y la necesidad de una reparación sin contrapartida alguna. El resto de las consideraciones del informe jurídico, tramposo como de costumbre, son minucias; la cuestión clave es que el Ejecutivo español acepta su culpabilidad intrínseca y renuncia a la aplicación de la ley en un ámbito de soberanía única.

Bajo la coartada de la concordia, la proclamación del llamado diálogo como pauta obligatoria institucionaliza con la solemnidad de la firma protocolaria del Rey el argumentario de Moncloa. Los decretos introducen en el ordenamiento la protección como bien colectivo de eso que la retórica sanchista denomina «el reencuentro»: un concepto que da por hecho que el problema catalán sólo se puede resolver mediante una continua entrega de privilegios. Las medidas de gracia inauguran una etapa de superación de la conllevancia orteguiana a base de simple desistimiento de cualquier clase de aspiración igualitaria. El Estado cederá competencias y franquicias hasta el límite de la autodeterminación –en el mejor de los casos– sin que los beneficiarios tengan que ofrecer nada a cambio. Como máxima exigencia se les pide no delinquir, y sólo durante unos pocos años para que no parezca un requerimiento demasiado autoritario.

En un alarde de transparencia, las preceptivas motivaciones individuales del perdón han sido declaradas secretas; la opinión pública apenas puede conocerlas por ciertas filtraciones parciales en la prensa. Suficientes para colegir que más allá de la completa desautorización de la sentencia, el Gabinete ha abolido por su cuenta y de un plumazo literal las reglas del sistema. En adelante, si el enunciado de utilidad pública cuela, nadie –ni la justicia siquiera– podrá oponer a los nacionalistas ninguna resistencia; la paz civil de Sánchez se fundamenta en dejarles hacer lo que mejor les convenga. Tienen barra libre, carta blanca, salvoconducto de impunidad penal y política. Condonada la sedición, la intentona golpista adquiere una retrospectiva índole legítima. Al fin y al cabo fue contra un Gobierno de derechas cuya rígida naturaleza le impedía comprender que las leyes no están hechas para obedecerlas.