El Gobierno paga 1.600 euros por inmigrante deportado en avión
Entre enero de 2020 y febrero de 2021 hubo 35 expediciones de devolución por vía aérea y cinco en barco
El Gobierno pagó casi cuatro millones de euros entre enero del año 2020 y febrero de 2021 para acometer la deportación de alrededor de tres mil inmigrantes en situación irregular desde territorio nacional hasta sus países de origen. Concretamente, la repatriación de 2.929 personas supuso un coste de 3.793.880,41 euros, un balance en el que se incluyen los gastos ligados a sufragar los viajes, ya fueran en avión o en barco.
Este montante se divide, según detalla la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior a ABC en dos resoluciones cosechadas a través de los mecanismos de Transparencia, en hasta 35 vuelos y cinco travesías en barco cuyos gastos pueden alcanzar hasta los 752.000 euros por una sola expedición. La inmensa mayoría de estos viajes de devolución se realizaron con las empresas Iberia –cuando se trató de vuelos– y Trasmediterránea –en el caso de los traslados en barco–.
La media resultante de dividir el importe total de todos los viajes contratados entre las personas que fueron deportadas en cada periodo arroja que, por cada inmigrante devuelto en avión, la factura asciende hasta los 1.599 euros de media. En el caso de las expediciones organizadas en barco, la cuenta es bastante más económica: cada salvoconducto costó, de media, 124,91 euros.
El transporte más empleado por el Gobierno para llevar ejecutar estas deportaciones, al menos en el último año y medio, fueron los aviones. En este sentido, fuentes policiales explican a ABC que hay dos opciones para acometer el operativo: se puede fletar un avión para realizar la devolución de un contingente de inmigrantes en situación irregular o únicamente se pueden adquirir billetes dentro de vuelos convencionales.
Escolta policial
En ambos casos, los deportados tienen que llevar una escolta policial que, como detallan estas mismas fuentes, varía en número en virtud de la situación. Si la deportación se lleva a cabo mediante un avión comercial, cada inmigrante lleva una escolta de dos agentes encargados de verificar que no hay problemas en el traslado a su país de origen. Si el procedimiento se desarrolla, por el contrario, en una aeronave fletada expresamente para esta misión, además de contar una escolta de dos agentes, en el avión viaja un refuerzo de agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP).
En estos vuelos, la cuantía del billete no es el único coste aparejado a la deportación. Ya sea en aviones o en travesías náuticas, hay más gastos, como puede ser el coste implícito de desplazar a agentes en estas misiones o la pequeña aportación económica que el Estado entrega a cada uno de los deportados.
Entre los documentos oficiales con los que Interior respondió a las solicitudes de este medio, el ministerio no especifica, aunque así se le reclamó, los destinos de estos vuelos y travesías en barco. Esta práctica es habitual ya que, según ha argumentado la Administración en ocasiones similares, que trasciendan los países a los que España deporta inmigrantes podría debilitar la posición diplomática del país generando nuevas exigencias por parte de las naciones con las que ya se tienen suscritos convenios de deportación.
Sin fechas
Interior tampoco detalla en su respuesta la fecha en la que se realizó cada uno de estos viajes, un dato fundamental para conocer la capacidad actual del Gobierno para deportar a los inmigrantes que acceden de manera irregular a territorio nacional. Aunque la crisis del coronavirus y la dinámica migratoria que se vivieron el año pasado en España invitan a pensar que la mayoría de los vuelos de deportación se realizaron bien entrada la segunda mitad del año, no se puede constatar con la información facilitada.
En los primeros seis meses del ejercicio pasado, la presión migratoria en España se encontraba dentro de unos parámetros inferiores a los de un año normal. El estallido de la pandemia de coronavirus provocó el cerrojazo de las fronteras y hasta que decayó el primer estado de alarma, la llegada de inmigrantes en situación irregular hasta las costas españolas fue prácticamente nula.
La crisis migratoria comenzó en los meses estivales con la llegada masiva de pateras hasta Canarias, acompañada de un leve repunte en las costas del sureste español. No obstante, el aluvión de embarcaciones sobrepasó al archipiélago dando lugar a estampas de hacinamiento, como las que se vivieron en el muelle de Arguineguín. Fue a partir de entonces cuando, previsiblemente, se intensificó el número de deportaciones. No obstante, queda por ver el efecto que la reciente crisis diplomática con Marruecos tendrá en estos procedimientos.