Economía indexada
La advertencia de Guindos sobre los efectos de la segunda vuelta llega justo cuando se va a pactar que la pensión suba con el IPC
En las últimas semanas, Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ha recordado en varias ocasiones que lo importante ante el brote inflacionario que comienza a manifestarse –y que según el banco será transitorio– es evitar los llamados efectos de segunda vuelta. Se denominan así las subidas de rentas que buscan protegerse de la inflación y que, paradójicamente, lo que consiguen es instalar un círculo vicioso donde las subidas de precios se retroalimentan. La advertencia de Guindos llega justo en el momento en que el Gobierno y los agentes sociales están a punto de acordar una reforma de las pensiones donde la cuantía de ésta quedará ligada a la evolución del IPC, vinculación que se rompió en 2012 cuando se introdujo el IRP (índice de revalorización de las pensiones). Indexar la renta de los pensionistas aumentará la propensión de nuestra economía a mantener la inflación en el sistema. Sin embargo, parece existir un amplio acuerdo entre todos los actores a favor de abrazar esta fórmula a pesar del impacto que pueda tener.
Indexar precios o rentas al IPC es una reacción tan lógica como cerrar los ojos cuando una mano se acerca a la cara. Sin embargo, carece de sentido que, por ejemplo, un aumento de los precios de determinadas materias primas repercuta, a través de su impacto en el IPC, en el precio de bienes que no las incluyen en sus costes de producción. Una economía muy indexada tiende a generar una inflación mayor y persistente. Ese era uno de los dolores de cabeza del Gobierno de Aznar en los primeros años del euro, cuando nuestro diferencial de inflación con la Eurozona estaba por encima de los dos puntos porcentuales y delataba la necesidad de reformas.
Hace seis años, el Gobierno de Rajoy aprobó la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, una norma que desvinculó una serie de precios públicos de la evolución del IPC. La normativa, cuyo impulsor fue el entonces jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal, se justificó en dos aspectos: la necesidad de mejorar la competitividad de la economía y la estabilidad de precios, reduciendo el alcance de los efectos de segunda vuelta. Los sindicatos como UGT y CC.OO. la rechazaron porque vieron que prefiguraba una posible arremetida contra la negociación colectiva. En términos generales, la ley pasó sin pena ni gloria porque se dictó en un momento en que la inflación era baja o inexistente (en 2015, el IPC fue 0%).
En su momento, este hecho fue tomado por algunos economistas para criticar la oportunidad de la ley. Sostuvieron que ya que la inflación no estaba erosionando la competitividad ni había efectos de segunda vuelta, no tenía sentido legislar. Cabe preguntarse si ahora, cuando España cierra los ojos ante una mano que se acerca, se podría aprobar una ley así y si la que tenemos resistirá al embate inflacionario. jmuller@abc.es