CEOE redacta su propia reforma ceñida al mandato de Bruselas
► Los empresarios desmontan «la revolución laboral» de la ministra por demagógica y llegarán a Europa ► Sánchez busca la foto con los agentes sociales para esquivar las críticas a su reforma ‘light’ de las pensiones
El apoyo del diálogo social a las pensiones es clave teniendo en cuenta que no está claro el de los socios del Gobierno
El presidente del Gobierno acaba de cerrar un pacto en pensiones con los agentes sociales, pero no va ser tan sencillo replicarlo en el mercado de trabajo. A la «revolución laboral» prometida por Yolanda Díaz no se van a adherir los empresarios, que consideran que una derogación de la reforma del 2012 como pretende la ministra es demagógica y penalizaría el empleo. Ayer la mesa de negociación para abordar los cambios en la legislación vivió una tensa jornada en la que la patronal mostró su rechazo frontal a las propuestas del Gobierno de revertir la norma del PP, pese a que Bruselas ya ha dejado claro que debe preservarse. Una enmienda a la totalidad que tendrá una réplica en propuestas paralelas que ha comenzado a elaborar la patronal para presentarlas al Gobierno y hacerlas llegar también a Bruselas.
La organización empresarial ya le ha trasladado a la ministra que va más allá de las exigencias de reforma de la Comisión y que los empresarios no negociarán nada que no sean esas recomendaciones. Desde Bruselas se pide a España medidas para acabar con la dualidad entre contratos fijos y temporales, para atajar el paro juvenil o para mejorar la eficacia de los convenios, exigencias que están muy lejos de las propuestas de la ministra para acabar con el protagonismo del convenio de empresa, de tal manera que, por ejemplo, los empresarios no tengan capacidad para regular los sueldos de sus plantillas, así como rescatar la ultraactividad o acotar a un año los contratos temporales.
Mientras en esta mesa se sigue negociando, Pedro Sánchez buscará hoy la foto del primer acuerdo que puede presentar a Bruselas, el de las pensiones. El presidente ha citado a Antonio Garamendi, Unai Sordo y Pepe Álvarez en La Moncloa e inmortalizará el momento con el objetivo de dejar claro que su reforma lleva el sello de un consenso clave que apenas se atisba en el horizonte político. Pero lo primero es lo primero y el presidente, como primer paso, busca espantar las críticas de los expertos a los nuevos cambios por su falta de ambición para abordar el problema de sostenibilidad del sistema público.
La reforma que el martes aprobará el Consejo de Ministros entierra la reforma del PP y garantiza a los jubilados la revalorización de sus nóminas con el IPC, pero a cambio impone recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro, tal y como adelantó ABC. Se trata de alinear la edad ordinaria y la efectiva de jubilación en una reforma clave, en la que se incentivará la ampliación de la vida laboral de los españoles con el objetivo de aumentar la participación de los mayores en el mercado de trabajo con premios que pueden llegar hasta 12.000 euros anuales. El factor de sostenibilidad, el único mecanismo de ajuste del gasto, se suprime por otro de equidad intergeneracional que comenzará ahora a negociarse con los agentes sociales.
Tras unas largas e intensas negociaciones el ministro de Seguridad Social cerraba el lunes un pacto con la CEOE, UGT y CC.OO. que los empresarios ponían en cuarentena a la espera de que su comité ejecutivo ratificara los cambios acordados. Tras el aval ofrecido por unanimidad por los empresarios hubo cierto debate interno, pues algunos de los líderes de la CEOE resaltaron que el acuerdo alcanzado no aporta solución alguna para garantizar la estabilidad del sistema ante la llegada de la generación del ‘baby boom’, según las fuentes consultadas por ABC. Otros mostraron su miedo a convertirse en una suerte de ‘comodín’ con el que el Ejecutivo espera jugar su partida en Bruselas. Sin embargo, la postura oficial se zanjó con un comunicado en el que la patronal puntualizó que se trata «de un acuerdo en el que una parte ya ha sido consensuada previamente por los grupos parlamentarios en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo» y añadió que en todo momento en las empresas «ha primado la responsabilidad ante el mandato de Europa de afrontar esta reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema».
Desde el Parlamento los grupos critican las formas de negociar de Escrivá. En declaraciones a este diario muestran su sorpresa por los giros dados por el ministro y destacan la diferencia de trato exigida al Pacto de Tole
do, a quien se criticó por falta de valentía a la hora de redactar sus recomendaciones, mientras ahora el ministro no habría dudado en ceder a unas demandas sindicales y empresariales ajenas a este objetivo de sostenibilidad para lograr cerrar el acuerdo. Extremo que niegan rotundamente en el terreno empresarial. «Hemos seguido las recomendaciones del Pacto de Toledo y a veces nos toca negociar en seis o siete meses lo que otros hacen en diez años», dijo ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. También reconoció que, tal y como están las cosas, puede haber un IPC mayor del que se está sopesando que cree problemas a largo plazo, pero argumentó que «no puede decir que está en contra del IPC cuando lo han votado todos los partidos».
«Para nosotros el factor de sostenibilidad era una cuestión ‘sine qua non’. Se puede vender de una manera o de otra. Me da igual cómo lo llamemos, lo importante es que sea un factor de sostenibilidad y que esté en la segunda parte del pacto, donde el Gobierno pone que si no hay un acuerdo se compromete a aprobarlo, pero también digo que es porque Europa lo exige», dijo. El presidente de los empresarios destacó que el pacto de pensiones tiene «mucho más valor de lo que parece» y que es «fundamental desde el punto de vista de la paz social».
Lo cierto es que la importancia del apoyo de los agentes sociales aumenta en la medida en que aún no está claro el respaldo de los socios parlamentarios habituales de Sánchez a esta reforma. Ayer, el PNV criticó la falta de información al respecto –«Sabemos lo que leemos en la prensa»–, y le recordó que «los agentes sociales no votan en el Parlamento», en palabras de su portavoz, Aitor Esteban. Más claro fue EH Bildu, que dijo que su voto está aún en el aire. «Estaremos muy vigilantes y haremos valer nuestro peso en esta cámara para impedir que los recortes vuelvan a recaer sobre la ciudadanía», advirtió ayer su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua.
La incógnita de Podemos
Pero el gran problema para Escrivá puede estar en casa. Fuentes cercanas al ministro de Seguridad Social aseguran que desconfía del papel que pueda llegar a jugar Unidas Podemos en la tramitación de la reforma, especialmente en un momento en que la otra gran tarea encomendada por Bruselas, agilizar el mercado laboral, no avanza. De momento, la portavoz parlamentaria de En Comú Podem, Aina Vidal, celebró el acuerdo alcanzado pero marcó el terreno sobre la negociación del mecanismo de equidad intergeneracional. El miércoles Escrivá rendirá cuentas en el Pacto de Toledo.