ERC y Junts niegan para Cataluña lo que exigen para los organismos públicos del Estado

Bloquean la renovación de su Tribunal de Cuentas y de su Defensor del Pueblo

Irregulares, desprestigiadas, nepotismo... y un largo etcétera de descalificaciones se escuchan a diario por boca de los líderes independentistas catalanes cuando dan su opinión sobre las instituciones del Estado. Desde el Rey al Tribunal de Cuentas, pasando por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral o cualquier otra institución u organismo que, eso sí, no se alinee con sus tesis, son motivo de ataque político. ERC y Junts, sobre todo, que controlan la Generalitat de Cataluña y todos los organismos que dependen de esta administración, pero también Podemos y su derivada catalana de los comunes, utilizan como estratagema el intento de deslegitimación de las instituciones nacionales, especialmente, cuando sus tesis no son respaldadas en los litigios.

Sin embargo, estas acusaciones sin fundamento y la estrategia adoptada por los independentistas quedan al descubierto cuando se analiza la situación de las instituciones autonómicas catalanas. Todo indica que la administración autonómica seguiría otros patrones a los que desde ERC y Junts se denuncian. Pero no. El Estatuto de Autonomía (EAC) recoge (Capítulo V) cuatro organismos que forman parte de la estructura organizativa de la Generalitat el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC).

Los miembros que forman parte de estos organismos son nombrados bien por el Parlament (por mayoría cualificadas preferentemente), bien por el Govern catalán, y en gran parte tienen vínculos partidistas directos con los partidos políticos con representación parlamentaria. Y, en algún caso, parentesco familiar.

Dinámica interna

Actualmente y desde hace años, coincidiendo con el inicio de la fase final del ‘procés’, casi todos los miembros de estas cuatro instituciones, a las que hay que sumar por su importancia económica y social la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente que controla TV3 y Catalunya Ràdio, actúan con sus mandatos caducados. En algunos casos, desde hace muchos años. El Parlamento de Cataluña no renueva ningún cargo desde 2015. Un desprestigio de estos organismos públicos catalanes que, por lo visto, no ha importado ni a ERC ni a Junts, partidos que han impedido la renovación de sus miembros.

A partir de 2015, la agenda política de la Generalitat se centró en el ‘procés’ independentista, aparcando cualquier renovación institucional, que hasta esa fecha suponía un dolor de cabeza para los partidos de gobierno, porque debían llegar a acuerdos con otras formaciones –al necesitar mayorías cualificadas en el Parlament para la designación de los cargos–, pero que se acababa resolviendo con un ‘cambio de cromos’.

Esta dinámica cambió con la formación de Junts pel Sí (coalición electoral formada por CiU más ERC) y la aceleración de legislaturas incompletas (desde 2010 ninguna llega a los cuatro años y suma cuatro comicios). A lo que se añadió que en 2017 y 2021 el partido más votado en Cataluña es una formación no independentista, Cs hace cuatro años, y el PSC tras el 14-F. Por si fuera poco, el juego de equilibrios en el abanico independentista ha ido cambiando desde 2015 y CiU y sus herederos han perdido peso frente a ERC.

Por todo, los incentivos para la renovación de los cargos de las instituciones estatutarias y la CCMA –así como otro centenar de cargos públicos de organismos menores que han de pasar por el visto bueno del Parlament y que siguen sin renovarse– son nulos o poco atractivos para los par

tidos secesionistas, que mientras esto ocurre en Cataluña acusan a las instituciones constitucionales del Estado de todo tipo de descalificaciones para deslegitimarlas.

Vínculos con los partidos

El CGE, según recoge el artículo 76 del EAC, «es la institución de la Generalitat que vela por la adecuación al presente Estatuto y a la Constitución de las disposiciones de la Generalitat (...)». Sus dictámenes no son vinculantes y sus nueve miembros han de ser «juristas de competencia y prestigio reconocidos, con más de quince años de experiencia profesional» (artículo 3 de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías Estatutarias), elegidos por el Govern (tres) y el Parlament (seis). Sus mandatos son para nueve años y no se pueden renovar.

Pues bien, actualmente, el CGE solo tiene ocho miembros. De estos, cinco tienen vínculos directos con partidos políticos tres con CiU (Junts no existía cuando fueron elegidos), uno con el PSC y otro con el PP. Àlex Bas fue asesor parlamentario de CiU, Francesc de Paula Caminal es fundador de CDC y Margarida Gil, que es la mujer del que fuera consejero de Interior y diputado en el Congreso Jordi Jané (CiU), fue directora del Gabinete Jurídico de la Generalitat entre 2011 y 2017.

Pere Jover, vicepresidente del CGE, fue diputado del PSC en el Congreso, entre 1980 y 2000, y miembro del Comité Federal del PSOE. Y Carles Jaume fue subdelegado del Gobierno en Gerona, un año, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y asesor parlamentario del PP durante cuatro legislaturas autonómicas. De los ocho, tres tienen el mandato caducado y a otros tres les vence en marzo del año próximo.

La Sindicatura de Cuentas, que depende orgánicamente del Parlament, «es el órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña» (artículo 80 del EAC). Está formado por siete síndicos, pero actualmente solo tiene cinco miembros. Todos tienen el mandato caducado y solo uno podría renovar (se eligen para seis años con opción de una renovación).

El Síndico Mayor, Jaume Amat Reyero, fue un alto cargo de la Generalitat con Jordi Pujol en los departamentos de Justicia, Interior y Gobernación hasta que en 2007 entró a formar parte de la Sindicatura de Cuentas. De los otros cuatro miembros, tres tuvieron cargos políticos. Joan-Ignasi Puigdollers, entre otros cargos de confianza durante el pujolismo, fue consejero de Medio Ambiente (1997-1999) y número dos en otras dos Consejerías. Emma Balseiro fue concejal del PP en Barcelona entre 1999 y 2011. Y Miquel Salazar ostentó cargos de confianza de la Generalitat en el ámbito económico durante el segundo tripartito.

Dos casos superlativos

La situación que se da en el CAC y en el Síndic de Greuges no tienen comparación alguna con otras instituciones que estén a la espera de ser renovadas. El CAC «es la autoridad reguladora independiente en el ámbito de la comunicación audiovisual pública y privada» (artículo 82 del EAC) y se rige, básicamente, por una ley aprobada en 2000 y modificada después.

El CAC debería tener cinco miembros pero solo tiene tres, actualmente. Todos están con el mandato –de seis años no renovable– caducado desde hace años. Roger Loppacher, tras pasar por las Consejerías de Interior y Gobernación en los años noventa bajo el pujolismo, formó parte de la CCMA entre 2008 y 2012, siempre a propuesta de CiU. Es el presidente del CAC. Los otros dos miembros, Carme Figueras y Daniel Sirera fueron diputados autonómicos del PSC y el PP, respectivamente. Sirera presidió el PP catalán un año (2007-2008).

En la línea de los anteriores organismos citados, los tres miembros del CAC tienen el mandato caducado. Pero por años. A Figueras le venció en... 2016. Y a Loppacher y Sirera en 2018. Se da la circunstancia, además, que, debido a las dimisiones de los anteriores consejeros del CAC –la última salida, a primeros de junio, la de Yvonne Griley (CiU, antes, ahora Junts) fue para encargarse de los Asuntos Religiosos en la Consejería de Justicia–, los independentistas han perdido el control de esta institución. Todo apunta que será una de las primeras en renovar por parte de ERC y Junts.

Finalmente, otro caso superlativo es el de Rafael Ribó, Síndic de Greuges desde 2004. Las funciones y designación de esta institución se apuntan en los artículos 78 y 79 del EAC y la definen una ley específica –cargo para nueve años sin renovación–. Ribó, exdiputado en el Parlament y en el Congreso y presidente de ICV entre 1987 y 2000, lleva dos años con el mandato caducado. Ribó se aprovechó del cambio legislativo en 2009 para renovar en el cargo en 2010.