José Luis Moreno pedía créditos de hasta 300.000 euros que luego no devolvía
Se descarta que lavara dinero de la droga, pero el juez le impone tres millones de fianza
Un juez de la Audiencia Nacional impuso ayer una fianza de tres millones al productor de televisión José Luis Moreno, que debe hacerla efectiva antes del jueves. El acusado pedía créditos de hasta 300.000 euros que luego no devolvía.
Después de estar 48 horas detenido –la noche del martes y la del miércoles las pasó en los calabozos de las dependencias policiales de Moratalaz (Madrid)– José Luis Moreno abandonó pasadas las tres de la tarde de ayer la Audiencia Nacional en un coche que le esperaba en la puerta. El juez Ismael Moreno había acordado poco antes su libertad pero le impuso una fianza de tres millones de euros que tendrá que depositar antes del próximo jueves, tal y como había solicitado el fiscal.
El productor se acogió a su derecho a no declarar, según fuentes judiciales consultadas por ABC, y la causa de que se le impusiera una fianza tan elevada, además de los cargos a los que debe hacer frente, es que el magistrado considera que en su caso hay un evidente riesgo de fuga, dada su elevada capacidad económica.
La investigación ha dejado claro que Moreno, a quien se imputan los delitos de asociación ilícita, estafa, falsedad documental, blanqueo, contra la Hacienda Pública e insolvencia punible, no tiene relación alguna con el tráfico de drogas ni tampoco con el lavado de fondos procedente de esa actividad criminal, según las fuentes consultadas, que confirman así la información adelantada por ABC el pasado martes.
En su caso, se dedicaba a pedir créditos muy abultados –los hay de entre 200.000 y 300.000 euros, y eran bastantes numerosos– respaldados por alguna empresa de la trama. Su proyección pública, y el hecho de que la organización contara con la colaboración de directores de banco, también ayudaba a que se le concediesen.
Peloteo de facturas
Una vez concedido el préstamo ese dinero iba pasando de sociedad en sociedad, a través de peloteo de facturas y pagarés, hasta acabar en alguna de las cuentas de los responsables de la trama, incluidas, según las pesquisas, las que controlaba el productor de televisión. Ese trasiego de dinero era muy difícil de seguir para los investigadores, pues la organización contaba con más de 700 mercantiles a su disposición.
En el entramado, que en conjunto habría provocado un perjuicio económico con sus actividades delictivas superior a los 50 millones de euros, tiene un papel clave Antonio Aguilera, para quien la Fiscalía pidió ayer libertad bajo fianza de 200.000 euros. Aguilera,
detenido en Madrid, era el encargado de poner en contacto a muchos de los detenidos e investigados. Uno de sus clientes, a quien ayudaba a conseguir financiación y para quien supuestamente también blanqueaba importantes cantidades de dinero es José Luis Moreno. De hecho, este último apenas conocía a una decena de los miembros de la organización.
Otro de los personajes que figura en la nómina de clientes de Aguilera es un narcotraficante suramericano, líder de la red para la que trabajaba la ‘mula’ (transportista) detenida con 1,3 millones de euros ocultos en un doble fondo. Esa aprehensión se produjo en las primeras fases de la investigación. Aguilera supuestamente lavaba fondos para ese grupo de traficantes, pero según han demostrado las pesquisas, José Luis Moreno ni tenía relación con dichos narcos (asentados en parte en Países Bajos) y ni siquiera los conocía de nada.
Administradora
Junto al productor y a Aguilera, los primeros en pasar ayer a disposición judicial fueron Javier Villalba, detenido el pasado martes en Barcelona por la Guardia Civil, y Marta Dillet, arrestada en Madrid. Para esta última el fiscal solicitó 10.000 euros de fianza. Es la administradora de la mayoría de empresas de Moreno y, por tanto, según las pesquisas, como persona de confianza estaba al corriente de todos los tejemanejes del empresario.
Javier Villalba, considerado otro de los cabecillas de la organización, quedó en libertad, aunque el fiscal pidió que se avisara a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de las requisitorias que pesan contra él por si considera necesario adoptar alguna medida.
En la operación fueron detenidos cuatro directores de sucursales bancarias que estaban a sueldo de la organización y ayudaban a que se concediesen los créditos y un notario de Madrid, que autorizaba las operaciones a sabiendas de que eran irregulares. La operación sigue abierta y habrá más resultados.