El PSOE quiere limitar un 10% las subidas de los nuevos alquileres en áreas tensionadas
► Unidas Podemos rechaza la propuesta y seguirá insistiendo por la bajada de precios en la ley de vivienda
La coalición de Gobierno fijó la llegada del texto de la ley de vivienda en marzo, por lo que ya acumula cuatro meses de retraso
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos ha remitido a Unidas Podemos su nueva propuesta para regular los alquileres en la ley de vivienda. Un planteamiento que sigue apostando por la congelación de los contratos de alquiler en las áreas que se denominen como tensionadas, aunque con novedades respecto al último borrador.
Así, el PSOE se decanta ahora por congelar los precios solo en los contratos ya existentes, mientras que en los nuevos, el propietario podría aumentar la mensualidad a su nuevo inquilino hasta un máximo del 10% respecto al último contrato. La anterior propuesta enviada desde Transportes al Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra (encargado de la negociación de la ley de vivienda) recogía que los nuevos arrendatarios pagaran la misma cantidad que los últimos, durante los tres años que la zona se declarara como tensionada. Unas áreas tensionadas que, en la propuesta a la que ha tenido acceso este periódico, se definen como «aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda».
Mientras estén bajo esta definición, no solo se congelarían los precios, sino también la duración de los contratos. De manera que Ábalos propone que «el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor». Por lo que los contratos se prolongarían de manera forzosa a razón del inquilino que podría continuar en la vivienda pagando el mismo precio más allá de los cinco años que fija la actual Ley de Arrendamientos Urbanos.
En la propuesta del PSOE también se mantiene su mecanismo de incentivos fiscales. Una medida que incluiría bonificaciones fiscales a los propietarios que llegarían hasta el 90%. La reducción máxima la obtendrían aquellos arrendadores que decidan disminuir el precio de la mensualidad un 10% respecto al anterior contrato.
Así las cosas, según el texto, «se trata de una medida que estimula el acuerdo entre las partes puesto que si se acuerda la firma de un nuevo contrato, el arrendatario podrá asegurar una estabilidad mientras que el arrendador tendrá un estímulo para no llevar a cabo incrementos desproporcionados».
Sin embargo, el Ministerio que lidera Ione Belarra sigue rechazando esta opción y continúa presionando al PSOE para establecer mecanismos que lleven directamente a las bajadas de los alquileres, usando como referencia el índice de precios elaborado por Transportes. Una aplicación que el ministerio define como «poco eficaz para el objetivo que se pretende, que es frenar las subidas abusivas de los alquileres».
El pulso en la coalición continúa cuatro meses después de la fecha que ambas formaciones fijaron para llevar el texto de la ley al Congreso. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró hace dos semanas que esperaban aprobar la nueva norma «antes del verano». Pero por el momento, los pasos siguen sin coincidir.