Díaz tensiona a Sánchez y le exige que suba ya el salario mínimo
► La ministra planta cara al Ejecutivo y le pide que tenga la misma valentía con el salario mínimo que con los indultos ► Abre el melón de una nueva prórroga de los ERTE a partir de septiembre y vuelve a distanciarse del ala socialista
La ministra de Trabajo tensionó ayer a Sánchez después de exigir una prórroga del SMI este mismo año, una medida que no cuenta con el apoyo del presidente, del ala socialista del Gobierno y de la CEOE.
Cuando faltan tres meses para que decaigan los ERTE, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habló ayer en nombre del Gobierno para asegurar que el mecanismo de protección volverá a prorrogarse cuando expire el actual, el 30 de septiembre. La ministra mete así presión al Ejecutivo con una técnica negociadora que recuerda mucho a las emprendidas en anteriores ocasiones. En cada una de las prórrogas se ha adelantado y generado opinión y es lo que parece pretender también ahora con un anticipo que puede abrir una nueva brecha en el Gobierno de coalición, teniendo en cuenta que varios miembros del Ejecutivo, entre ellos su homólogo en la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya dejó claro que la idea que maneja el Ejecutivo no pasa por prorrogar este mecanismo tras el verano, al menos en su actual configuración.
Los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) se mantendrán mientras dure la crisis «sin lugar a dudas», sentenció ayer la vicepresidenta tercera, decisión que ligó al impacto que sigue teniendo la pandemia en el turismo internacional. «Las empresas y los trabajadores que lo necesiten después de septiembre van a sentirse acompañados», aseguró la diputada gallega. «No tiene ningún sentido dejar caer este sistema cuando estamos saliendo, dejando a un lado esta enorme crisis», insistió en declaraciones en RNE. La ministra comienza ya una batalla que, de forma paralela, libra contra algunas de las medidas para reformar el sistema de pensiones diseñadas por Escrivá, como la prolongación de la edad de jubilación, y con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
Prórroga de los ERTE, subida del salario mínimo y reforma de las pensiones vuelven así a enfrentar al Gobierno de coalición. Los buenos datos de paro y la escarpada subida de los precios de la luz, el gas y los combustibles se han sumado a la lista de argumentos de Yolanda Díaz en la cruzada por seguir aumentando este mismo año el SMI en la que choca directamente con los ministros del ala socialista. Ayer, el disparo de Díaz fue directo al corazón al reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de miembros del Ejecutivo que tengan en este asunto «la misma valentía» que con los indultos a los presos independentistas. «La misma valentía que tuvimos en el Gobierno con el despliegue de los indultos toca ahora tenerla con la gente que lo está pasando mal. En 2023 no se nos va a juzgar por los indultos. Se nos va a juzgar por la gente que está sufriendo y ahí es donde tenemos que estar».
A contracorriente
Las palabras de Yolanda Díaz llegan después de que la ministra tratara personalmente el asunto con el presidente Sánchez en un encuentro que mantuvieron la semana pasada en La Moncloa, aunque en su entorno reconocen que es un tema del que «se sigue hablando». Pero en este caso el jefe del Ejecutivo se ha mostrado públicamente más próximo a las tesis defendidas por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y el resto de ministros socialistas, como el titular de Seguridad Social y la de Hacienda, María Jesús Montero, de esperar hasta que la recuperación del empleo esté ya consolidada en España para encarar los incrementos.
Por ello, Díaz no dudó en redoblar la presión sobre el presidente al evidenciar que la pelota está en su tejado. «Sea lo que sea, mi posición es conocida. Dejemos que decida el presidente del Gobierno», señaló, tras tachar de «enorme error» y «pura ideología» el hecho de vincular las pérdidas de puestos de trabajo con el alza del salario mínimo. Esta tesis ha sido defendida por varios organismos, como el Banco de España –el gobernador reclamó la semana pasada «prudencia adicional» a la hora de subir el salario mínimo por la destrucción de empleo joven–, pero también por la titular de Hacienda, que defendió que la subida de estos ingresos no puede hacerse «a costa de perder puestos de trabajo». En el entorno de la titular de Trabajo se defiende que los datos han demostrado lo contrario: «Lo hemos subido a los pensionistas, lo hemos subido a los empleados públicos (...) No podemos competir con una política salarial impropia de una economía relevante. Seamos coherentes porque prácticamente todos los países de la Unión Europea han subido los salarios en esta crisis», defendió.
La vicepresidenta argumenta que los salarios pactados en convenio están subiendo entre un 1,5% y un 1,8%, y se queja de que los perceptores del SMI estén perdiendo poder adquisitivo porque «son los que más necesitan que se les ayude», subrayó la sustituta del exvicepresidente Iglesias.
La clave ahora está en la mesa de negociación que deben liderar los agentes sociales para tratar este asunto, que aún no ha sido convocada pero que se espera no se dilate mucho.
Apoyo de los sindicatos
El Ministerio de Trabajo cuenta con el apoyo de los sindicatos en esta causa, que ya han anunciado movilizaciones como medida de presión, pero con el rechazo absoluto de la patronal, que defiende que la recuperación no está aún consolidada y que, además, la precariedad del mercado laboral responde en buena parte a la economía sumergida, cuestión para la que sí que piden celeridad al Ejecutivo. La CEOE recuerda que más de
El Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma de pensiones, marcada por la polémica de los recores a los ‘baby boomers’
400.000 trabajadores siguen bajo el paraguas de los ERTE y que no es muy oportuno acometer ahora un alza del sueldo mínimo.
Pero todo apunta a que ERTE y salario mínimo (SMI) no serán las únicas batallas que libre la ministra de Podemos. Durante la negociación de la reforma de pensiones se ha mostrado muy crítica con algunas de las medidas diseñadas por Escrivá, como la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal por entender que esta medida «entorpece» un rejuvenecimiento del mercado laboral.
La ministra llegó a decir, además, que «penalizar carreras profesionales en un país con una estructura productiva distinta a la de los países europeos, pidiendo que limpiadoras, albañiles, dependientas, etcétera, trabajen más allá de la edad legal de jubilación no es el camino correcto».
Hoy, el Consejo de Ministros dará el visto bueno a la reforma de las pensiones pactada con los agentes sociales en el que ambas medidas de incentivos y castigos están contempladas, lo que abre la incógnita de qué hará Unidas Podemos en el trámite parlamentario, teniendo en cuenta el rechazó de Díaz.
Trabajar más o cobrar menos
La batalla a cuenta del futuro del sistema de jubilaciones prometía ser aplazada a la vuelta del verano, cuando arrancase la negociación de la letra pequeña del nuevo componente de equidad generacional. Sin embargo, las palabras del ministro de Seguridad Social, en las que reconocía que la generación del ‘baby boom’ tendrá que elegir entre trabajar un poco más o cobrar un poco menos, alteraron los planes.
La matización del ministro, que ha insistido después en que «se expresó mal», no han servido para que en Unidas Podemos baje la guardia. Ayer mismo, Díaz dejaba claro que esta no es una cuestión cualquiera y que las consecuencias políticas de un desacuerdo tampoco lo serían. En el entorno de Escrivá, de hecho, aseguran que el ministro desconfía del papel que pueda jugar Unidas Podemos en la tramitación parlamentaria de la norma.
Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el titular de la Seguridad Social acudirá mañana al Pacto de Toledo para explicar a los diputados los detalles de un acuerdo que se espera llegue al Parlamento en septiembre para su tramitación, con el objetivo comprometido con Bruselas de que esta primera parte de la reforma entre en vigor el próximo mes de enero.
Antes, el ministro y los agentes sociales deberán definir el nuevo mecanismo que sustituirá al factor de sostenibilidad. Su intención es introducir el nuevo diseño de ajuste de las pensiones en un enmienda durante el próximo trámite parlamentario.