Sánchez urde un plan de ayudas para que vuelvan las empresas a Cataluña
▶ El presidente estudia con las patronales catalanas apoyos fiscales para las firmas que inviertan de nuevo en la región, en especial, en Barcelona ▶ Desde el cuarto trimestre de 2017 han abandonado Cataluña 6.200 empresas
La búsqueda de una etapa definitiva de normalidad, concordia, estabilidad y convivencia en Cataluña no se saldará únicamente con la aprobación de los indultos «parciales» y «condicionados» a los presos del ‘procés’. Es un mensaje que va más allá de esta medida, y que se implementará en varias etapas. Todo con el mismo objetivo. Se trata de devolver el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes al Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo, para sacar adelante los Presupuestos de 2022. Ahora, en una segunda fase, el presidente intentará devolver la competitividad empresarial perdida en la comunidad autónoma tras la paulatina y masiva huida de empresas como consecuencia del referéndum ilegal de octubre de 2017.
Así, según ha podido saber ABC, Sánchez planea, presionado por el independentismo y las patronales que le apoyan, incentivar fiscalmente a aquellas compañías que decidan volver a la región o que quieran invertir a partir de ahora en ella, en especial, en Barcelona. El objetivo es recuperar el esplendor económico perdido en favor, sobre todo, de la capital española, donde el tejido empresarial fugado ha encontrado estabilidad y una fiscalidad amable para el desarrollo de su actividad.
Para ello, el presidente del Gobierno ha aprovechado los diferentes eventos informativos y multitudinarios en las últimas semanas en Barcelona, a los que arrastró a los grandes espadas empresariales –la mayoría del Ibex 35–, para propiciar contactos y dejar caer sus intenciones. Así ocurrió durante la celebración de la última reunión del Círculo de Economía el pasado 18 de junio y también en la conferencia ‘Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España’, pronunciada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona el lunes 21. Lo mismo se replicó en el Mobile World Congress (MWC) del 28 del mismo mes, escenario en el que el jefe del Ejecutivo retomó conversaciones con diferentes líderes políticos catalanes –en especial, de ERC y JpC, con la figura relevante y mediadora del actual consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró– y con grandes empresarios y líderes patronales de la región, particularmente con el de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre. A todos ellos Pedro Sánchez les trasladó sus intenciones para la autonomía, de las que están enterados tanto el Círculo de Economía como la patronal de pymes Pimec.
Sánchez Llibre, también vicepresidente de la CEOE, lleva semanas lanzando la misma idea que el presidente, y que apuntaló en las jornadas del Círculo de mediados de junio. En su discurso, el dirigente de la patronal catalana aseguró que «se están dando pasos para profundizar en la normalización de las relaciones entre Cataluña y España. Es el inicio de la reconciliación para emprender una etapa de normalidad que permita invertir en Barcelona y Cataluña». De hecho, Sánchez Llibre insistió en este mismo foro en que «es esencial el regreso de las grandes empresas que trasladaron su sede social, en los meses posteriores al 1 de octubre del 2017, para que la gran área metropolitana de Barcelona, y Cataluña en general, puedan recuperar los factores de competitividad». En la mente de todos está la batalla iniciada por los empresarios catalanes contra aquellos que invierten o tienen su sede en Madrid.
Los planes de Sánchez no sorprenden a las fuentes empresariales consultadas por este diario. Como ya informó ABC, la aprobación en el Consejo de Ministros de los nueve indultos a los condenados en el juicio del ‘procés’ fue tan solo el preludio de la batalla fiscal que promete librar el independentismo. Es lo que temen los empresarios madrileños, que a finales del pasado mes de junio alertaban ya de la ofensiva que estaba por llegar tras la medida de gracia. Durante la asamblea anual de CEIM, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lanzó un aviso: «Queremos una armonización fiscal sí, pero a la madrileña». Minutos antes el líder empresarial madrileño, Miguel Garrido, afirmaba que «no lo vamos a permitir. Los madrileños no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie».
El mensaje de los empresarios nacionales es muy relevante en clave interna, pues los propios representantes empresariales catalanes ya han reclamado en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que eleve la presión fiscal sobre la capital. En concreto, el presidente de Fomento ha trasladado este mensaje al jefe del Ejecutivo en diversas ocasiones, por lo que ahora, zanjado el preámbulo de los indultos, ya se esperaba un repunte de las exigencias en este sentido que, según las fuentes consultadas, podría llegar en forma de incentivos para atraer tejido empresarial fugado por la incertidumbre provocada por el órdago independentista.
Pero las mismas fuentes empresariales consultadas alertan de que discriminar positivamente a Cataluña sería «ilegal». Argumentan que «sería hacer ‘dumping’ y al Gobierno se le echarían encima todas las comunidades autónomas, también las socialistas». Sin embargo, estas mismas fuentes también están convencidas de que no sería un impedimiento para que el presidente cumpliera con las exigencias de los empresarios afines al independentismo.
La reforma fiscal que planea el Gobierno de Sánchez ya prevé beneficios para Cataluña y castigos para Madrid. La hoja de ruta del Ejecutivo de coalición incluye subidas de Patrimonio y
La aprobación de los indultos fue el preludio de la batalla fiscal que promete librar el independentismo
Sucesiones ya en 2022 de la mano de los Presupuestos (eso pretende Podemos, aunque el ala socialista y Sánchez se resisten). La idea es la armonización de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio en toda España, impuestos que en el caso de Madrid están bonificados al 99% en el primer caso y al 100% en el segundo caso, lo que hace que este tributo en la práctica no exista. Madrid mantiene una política de impuestos bajos desde 2014, ha exprimido la autonomía fiscal que tiene, junto a las comunidades de régimen común, por lo que pueden subir o bajar impuestos como Patrimonio o Sucesiones al nivel que deseen. El manejo de esta competencia es lo que ha distinguido a la autonomía madrileña de otras regiones; ha permitido a los ciudadanos pagar menos y ha logrado atraer a empresas de todas las partes del mundo.
El pacto alcanzado entre Sánchez y los independentistas catalanes para recentralizar impuestos y atacar a Madrid a cambio de apoyar los Presupuestos persigue un objetivo: frenar la desbandada de empresas catalanas hacia la capital. Durante los últimos años, Madrid se ha convertido en un refugio para miles de compañías espantadas por el pulso secesionista, pero también por la elevada presión fiscal, lo que influye en las multinacionales que buscan hueco en nuestro país. Cataluña no solo cuenta con uno de los Impuestos sobre la Renta más elevados de España, también es la autonomía que tiene más impuestos propios, una catarata de tributos entre los que se incluyen cánones del agua, gravámenes de protección civil, impuestos verdes o sobre las viviendas vacías.
Según los últimos datos del Colegio de Registradores a los que ha tenido acceso ABC, desde el cuarto trimestre del 2017 –cuando se produjo el referéndum ilegal del 1 de octubre– un total de 6.200 empresas hicieron las maletas y dejaron Cataluña. Entre ellas, más de la mitad escogieron Madrid como su destino. Apenas 273 compañías realizaron el camino inverso en el mismo periodo y dejaron Madrid para establecerse en Cataluña.
Las cifras de los registradores están condicionadas por el tremendo impacto que ha tenido el desafío soberanista en las empresas catalanas. En los meses siguientes a la celebración del 1-O se produjo un terremoto, una fuga de empresas sin precedentes de Cataluña hacia otros destinos. Solo en el cuarto trimestre de 2017 cerca de 2.000 compañías abandonaron la región, el 61% (1.210) recalaron en la Comunidad de Madrid.
La sangría de empresas continuó en los primeros meses de 2018, lo que provocó que en el conjunto del año 2.359 compañías abandonaran Cataluña. De nuevo Madrid atrajo a más de la mitad de estas firmas, según reflejan los datos de los registradores, que recogen los cambios firmes de sede social confirmados por comunidades –distintos a los registrados, que cuentan con un plazo de tres meses para cambiar de opinión–.
Desde 2019, año en el que la ensoñación independentista se diluyó por completo, la marcha de empresas se ha moderado. Pero el saldo entre Cataluña y la Comunidad de Madrid se ha mantenido en negativo. Durante 2020, un año marcado por las restricciones a la movilidad derivadas del coronavirus, Madrid recibió 309 empresas catalanas y Cataluña 235 compañías madrileñas. Pero el goteo de salidas desde la comunidad catalana no cesó entrado el ejercicio. En el primer trimestre, 254 dejaron la región con destino al resto de España, más de la mitad a la capital de España.
«Efecto Montreal»
Cataluña ha acusado el «efecto Montreal», porque no ha logrado que la plana mayor de las grandes empresas que abandonaron la región vuelvan a establecerse. En los días posteriores al 1-O la «crème de la crème» de las firmas del Ibex de la comunidad mudaron sus sedes sociales lejos de la región ante la incertidumbre que se abría por el pulso independentista y la inseguridad jurídica. Caixabank, Banco Sabadell, Gas Natural o Abertis hicieron las maletas, una senda que también emprendieron firmas emblemáticas como Idilia Foods –fabricante de Cola Cao–, la Bruixa D’Or o Codorníu. Cataluña pasó de ser la comunidad más representada en el Ibex 35 a tener solo una empresa en el selectivo, Grifols. Un efecto similar al de Montreal, antaño capital financiera de Canadá, y que tras las consultas independentistas en la provincia francófona de Quebec en 1980 y 1995, abandonaron la ciudad para dirigirse a Toronto y nunca volver. Cataluña se arriesga a un impacto similar. Y Madrid ha sido la gran beneficiada por el desastre provocado por el independentismo.
«Discriminar positivamente a Cataluña sería ilegal y al Gobierno se le echarían encima todas las regiones», avisan fuentes empresariales La reforma fiscal que planea el Ejecutivo ya prevé beneficios para Cataluña y castigos para Madrid