El fiscal pide imputar a Repsol, Caixabank e Iberdrola Renovables
▶ Ve indicios de cohecho en la actuación de las mercantiles por ocultar los encargos al comisario jubilado
La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al juez Manuel García-Castellón que impute a Iberdrola Renovables, Repsol y Caixabank por presunto cohecho como personas jurídicas en el caso Villarejo, según pudo saber ABC de fuentes del Ministerio Público. Se trata de esclarecer si estas compañías ocultaron los encargos al comisario mediante la emisión de facturas falsas, modificación de sus conceptos o incluso utilización de segundas empresas para camuflar algunos de los pagos a Villarejo en sus labores de espionaje.
El fiscal deja fuera a Iberdrola S.A. como persona jurídica porque la contratación de los servicios del excomisario se produjo entre 2004 y 2009, antes de que el Código Penal regulara la responsabilidad penal de las sociedades a través de una ley orgánica en 2010.
La Fiscalía responde así a la solicitud que le hizo el magistrado para que informara sobre «la posición procesal» que la eléctrica y las otras dos empresas deben ostentar en la causa y «los indicios» que podrían situarlas «en el círculo de responsables penales» de las piezas separadas abiertas en el marco de la causa de Villarejo. En el caso de Iberdrola, esos indicios ya constan en el auto por el que García-Castellón acordó imputar al presidente de la compañía, Ignacio Galán –cuya declaración estaba prevista para ayer y fue suspendida– y se refieren al hecho de que las facturas tendrían conceptos «manipulados» para esconder la realidad, en unos casos, y en otros, «infringieron las normas internas de tramitación». Tanto el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, como el presidente de Repsol, Antonio Brufau, están imputados en la causa y prestaron declaración el pasado mayo negando los encargos y conocer a Villarejo.
Tras la imputación de Galán y otros tres directivos de Iberdrola, la defensa de la compañía remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que denunció que estaba sufriendo indefensión y que en realidad debería figurar como perjudicada. Lo hizo en relación a la querella que presentó contra su exdirectivo José Antonio del Olmo y que se adhirió a esta causa penal. El magistrado apreció un posible «conflicto de intereses» y pidió a Anticorrupción que se pronunciara sobre si debía figurar como perjudicada o bien como responsable.
La petición de la Fiscalía afecta a dos de las numerosas piezas en las que se ha fraccionado el caso Tándem. En la que afecta a Iberdrola se investigan diversos encargos a Cenyt, la empresa de Villarejo. Uno de ellos consistió, según los investigadores, en espiar a Florentino Pérez. En concreto, y respecto a Iberdrola Renovables, la justicia pone el foco en el encargo al comisario de una investigación sobre el patrimonio de la sociedad suiza Eolica Dobrogea y su accionista principal, Christoph Kaap, que habían colaborado con la compañía española en un desarrollo de negocios en Rumanía.
En el caso de Repsol y CaixaBank, el único encargo que hicieron al excomisario Villarejo se produjo en los años 2011 y 2012. Este se trataba de investigar los movimientos del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, tras el acuerdo de sindicación de acciones que alcanzó con la mexicana Pemex y que le habría dado el control de la petrolera.
Con el plazo de diez días que el juez Manuel García-Castellón dio a la Fiscalía para que se pronunciara sobre la imputación de estas empresas se pretende agilizar la instrucción de las causas pendientes en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pues el magistrado no solo asume el caso Tándem sino también otras macrocausas sobre cuya prórroga precisamente tiene que decidir este mismo mes.
Iberdrola S.A. queda al margen porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas solo es posible desde 2010