GARZÓN SOBRA EN EL GOBIERNO

Nunca ningún presidente desautorizó tanto a un ministro como ha hecho Sánchez con Garzón, mofándose de sus excentricidades en público. Queda señalado para una crisis de gobierno

LAS excéntricas recomendaciones a las que tiene acostumbrados a los ciudadanos el ministro de Consumo, Alberto Garzón, darían solo para chanzas y ridiculizaciones del personaje si no fuese porque realmente las hace en serio. Su último consejo, que los españoles reduzcan al máximo el consumo de carne, no solo es absurdo en sí mismo, sino irresponsable. Es lógico que haya puesto en pie de guerra a los ganaderos y productores cárnicos por el enorme daño económico que puede llegar a generar un ministerio cuyo objetivo es precisamente proteger el consumo y no penalizarlo de forma tan innecesaria y falaz. En España no existe un abuso del consumo de carne. Lo que afirman muchos estudios son las necesidades insatisfechas de algunas familias. Muy al contrario, somos el segundo país europeo, tras Malta, que menos carne de vacuno consume, por ejemplo. Pero es que además deja en un pésimo lugar a Pedro Sánchez y al ministro de Agricultura, que ayer no tuvieron más remedio que desautorizar a Garzón por su exceso verbal, por su inconsciencia sobre las consecuencias económicas de sus afirmaciones, y por lo absurdo de sus planteamientos sin base científica alguna. De hecho, es inédito en democracia que un presidente desautorice públicamente a un ministro como hizo ayer Sánchez con Garzón, burlándose de su salida de tono.

El Ministerio de Consumo es absolutamente innecesario. Carece de sentido que sus competencias no se circunscriban a una dirección general o, a lo sumo, a una secretaría de Estado. Fue un invento de Pedro Sánchez para completar la cuota de ministros que exigía Pablo Iglesias en uno de los gobiernos más amplios de Europa, con más de una veintena de carteras. Garzón pudo haber optado por disimular y rellenar artificialmente sus funciones, aun a sabiendas de que es un ministerio residual e irrelevante, carente de peso político, y pagado por los españoles para que Sánchez pudiese cerrar su coalición. Pero en manos de Garzón, autodefinido como un comunista orgulloso de serlo, se ha convertido en un departamento conflictivo y sectario. Se ha dedicado a perseguir a sectores como el del juego, que respetan la legalidad en una economía de libre mercado, y ha maltratado al turismo. Habla de «semáforos» alimenticios con total desconocimiento, y ha puesto en el disparadero a sectores muy relevantes como el del aceite de oliva, o el del jamón ibérico, ofendiendo gratuitamente su reputación. Garzón, siempre en busca de protagonismo personal y de titulares periodísticos para que alguien lo rescate de un ostracismo político más que justificado, se ha revelado –y esta es la cuestión de fondo– como un ministro intervencionista y controlador, como un estatalizador de la libertad. Un ministerio no está para decirnos qué comer y qué no, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y en qué circunstancias.

No es ningún protector de los consumidores, y su disparate sobre el consumo de carne es tan elocuente como cínico fue su silencio cuando el Gobierno subió drásticamente el recibo de la luz. No se trata de desacreditar a Garzón. Lo hace muy bien él solo con sus sandeces. Se trata de denunciar cómo pretende imponer su sectarismo ideológico a través de esa confusa nebulosa mental con la que alimenta permanentemente una dicotomía entre pobres y ricos, entre izquierda y derecha, entre progresistas y fascistas. Ya que nadie toma en consideración a un ministerio inservible, y que Garzón se ha empecinado en no dejar de hacer el ridículo, lo razonable sería que al menos no interfiriese en el trabajo de otros departamentos del Gobierno y dejase de perjudicar a sectores esenciales de nuestra economía. Garzón puede serlo, pero ni la libertad ni el consumo son un chiste.