‘El sector cárnico, en pie de guerra por la cruzada anticarne de Garzón’.
Ve indicios fundados de que ambas firmas encargaron al comisario investigar a Luis del Rivero
El juez de la operación Tándem, Manuel García-Castellón, imputó ayer a Caixabank y Repsol por delitos de cohecho y encubrimiento en el caso Villarejo. Considera que hay indicios fundados de que ambas mercantiles contrataron los servicios del comisario José Manuel Villarejo para espiar a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr. El magistrado tomó esta decisión menos de 24 horas después de que la Fiscalía Anticorrupción se pronunciara, a instancias del propio juez, sobre la necesidad de imputar a estas dos sociedades junto con Iberdrola Renovables. El auto de ayer afecta solo a las dos mercantiles citadas porque forman parte de la misma pieza separada –la 21–, mientras que la de Iberdrola Renovables es la 17. Todo apunta a que el horizonte procesal de esta última será el mismo que el de Caixabank y Repsol y que el juez la imputará también como persona jurídica por las contrataciones de los servicios del comisario posteriores a 2010. Antes no se había aprobado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De ahí que la imputación vaya a afectar solo a Iberdrola Renovables y no a su matriz.
En el auto notificado ayer, el magistrado requiere a Repsol y a Caixabank para que designen un representante, así como abogado y procurador, para llevar a cabo la comparecencia en la que se informará a los representantes de las dos compañías de los hechos que se les atribuyen. La cita es el 26 de julio.
El pacto con Pemex
García-Castellón sostiene que en el marco de la investigación realizada en el marco de esta pieza separada consta acreditado que, a través de sus representantes de seguridad, ambas compañías realizaron «un encargo directo» a Villarejo, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para espiar a Luis del Rivero y su entorno. Esa investigación se utilizó para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había alcanzado con la empresa mexicana Pemex para tomar el control de Repsol S.A., compañía en la que Caixabank S.A. era accionista de referencia. Además, ambas empresas, «actuando conjuntamente, accedieron al tráfico de llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y personas de su entorno».
El juez alude a un segundo encargo realizado en 2014 por los investigados, en su condición de gestores de Repsol, S.A.–sin participación en esta ocasión de Caixabank, S.A.– a Cenyt, S.A., «cuando el investigado José Manuel Villarejo se encontraba en servicio activo» en la Policía. Se refería a la necesidad de «acreditar que un determinado directivo se había ausentado sin causa justificada de una reunión programada de la comisión de que formaba parte».
El magistrado explica en su escrito que para imputar a una persona jurídica se exige que el delito sea cometido «en beneficio directo o indirecto» de la entidad. En el caso concreto, las facturas emitidas por Villarejo en ejecución de los trabajos de investigación encargados fueron abonadas por Caixabank y Repsol, «poniendo de manifiesto que la actuación de los investigados se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía».
Falta de diligencia debida
El juez cuestiona la diligencia empleada por las dos entidades en la contratación de los servicios de Villarejo. Lo hace a propósito del argumento que ambas empresas esgrimen en el sentido de que estaban convencidos de que Cenyt, la empresa del comisario, desempeñaba servicios de seguridad privada. Así, aprecia «un grave fallo en la diligencia exigible» para constatar que, como avanzó ABC, Cenyt nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada. Es una comprobación que, según el instructor, puede efectuarse a través de la Unidad
Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. «Resulta especialmente llamativo que no se practicara esa comprobación cuando los dos jefes de Seguridad de Repsol y Caixabank que contrataron a Villarejo habían sido jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional (en el caso del jefe de Seguridad de Repsol) y jefe superior de Policía en Galicia y Cataluña en el caso del responsable de Seguridad de Caixabank». Esto exige que las entidades responsables «expliquen en sede judicial por qué pudo producirse esta situación».
Tanto Caixabank como Repsol defendieron ayer la legalidad de sus actuaciones y su voluntad de seguir colaborando con la justicia para el esclarecimiento de los hechos.