El Ejecutivo ve cosas «difíciles de entender» en el fondo de fianzas
▶ Calvo no aclara si recurrirán al TC el truco del Govern ante el Tribunal de Cuentas
Las dudas sobre la legalidad del Fondo Complementario de Riesgos son abrumadoras. El aroma de fraude de ley que rodea al fondo público creado por la Generalitat para que una treintena de dirigentes y altos cargos de la Generalitat haga frente a la fianza de 5,4 millones impuesta por el Tribunal de Cuentas es tan evidente que hasta el Gobierno reconocía ayer que ve cosas que «son difíciles de entender». Así se expresaba la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, asegurando que el Ejecutivo «no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente».
En los Desayunos Informativos de Europa Press, la vicepresidenta respondía así a la pregunta de si el Ejecutivo iba a recurrir el decreto ley del Govern por el que se crea un fondo de diez millones de euros. Carmen Calvo no precisó si se recurrirá o no, ya que el texto está siendo estudiado ahora por el Ministerio de Política Territorial, con apoyo de la Abogacía General del Estado y añadió también que el miércoles lo estuvo viendo ella misma con su equipo. Pero sí apuntó que «ahí se ponen algunas cosas que son difíciles de entender, con arreglo a cómo pueden llegar ese tipo de avales, hasta que la sentencia se produzca, y a dónde se recurre».
Añadió que su equipo y ella han estado viendo «la parte de ese texto que dice que la sentencia no es firme hasta que no se pueda recurrir en instancias extraterritoriales de nuestro país». En este sentido, quiso dejar claro que «en este país, su vía judicial la cierra aquí». «Así de claro y contundente», remachó saliendo al paso también de una información publicada por ‘El País’ relativa a la posibilidad de una negociación entre el Gobierno y la Generalitat para pulir los aspectos más controvertidos del decreto ley catalán, para así evitar tanto la presentación del recurso ante el TC como la petición ante el mismo tribunal de la suspensión cautelar inmediata del texto. Esta prerrogativa del Gobierno, por ejemplo, no fue utilizada en junio cuando el Ejecutivo recurrió la normativa catalana que limita el precio de los alquileres, con lo que la misma sigue vigente hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo, algo que el Ejecutivo vendió como un «gesto» hacia la Generalitat. Pese a este precedente, y que a veces «te asaltan las dudas», Calvo quiso dejar claro que «la legalidad no la negocia».
«Batalla judicial»
Los partidos de la oposición desconfían del Gobierno y ven claramente ilegal el fondo creado por la Generalitat. Así, el presidente del PP, Pablo Casado, cuestionaba ayer esta medida, que entiende que es una maniobra para que los investigados por el Tribunal de Cuentas «no tengan que pagar» lo que se les imputa. Vox, por su parte, aludió en concreto a las palabras de la vicepresidenta Calvo, convencida la secretaria general del partido en el Congreso, Macarena Olona, de que no habrá recurso ante el TC porque el Gobierno cederá ante el «chantaje» independentista. Por contra, aseguró que Vox va a dar «la batalla judicial y parlamentaria» contra ese decreto. En la misma línea, la líder de Cs, Inés Arrimadas, exigió al Gobierno que pare el fondo para pagar las fianzas y que incluso intervenga las cuentas de la Generalitat.
Toda la polémica generada ayer se producía el mismo día en el que el Parlamento catalán aprobaba una moción a propuesta de Junts para expresar apoyo y solidaridad con las 34 personas «injustamente encausadas por el Tribunal de Cuentas». La moción salió adelante con el apoyo de ERC, Junts, la CUP y los comunes, y el voto contrario del resto.