Moreno reconoce una capacidad económica de 23 millones de euros
▶ El fiscal sostiene que las declaraciones policiales y judiciales lo incriminan más
El productor de televisión José Luis Moreno ha reconocido tener una capacidad económica de 23 millones de euros, según recoge el auto del juez instructor por el que le permitió presentar una fianza hipotecaria para hacer frente a los tres millones que le impuso para no ingresar en prisión. En el mismo documento se especifica que el fiscal del caso considera que «las declaraciones judiciales y policiales de otros investigados vienen a confirmar las iniciales hipótesis de imputación, sin perjuicio del resultado del análisis de la abundante documentación incautada», lo que hace pensar que se abre ante el investigado un complicado horizonte penal.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, responde a la petición de la defensa del empresario del sector audiovisual en el sentido de que se rebajara la petición de fianza de los tres millones impuestos por el juez a 300.000 euros, y de que se le permitiese garantizar dicha cantidad mediante aval hipotecario. El magistrado rechazó la primera de las pretensiones, pero no así la segunda. La ley obliga a que si el implicado opta por presentar una fianza hipotecaria los bienes que se ponen como garantía deben estar valorados en el doble de la cantidad que se le impuso, es decir seis millones de aval.
Moreno presentó ayer la documentación para la fianza y ahora el juzgado designará a los peritos encargados de tasar las propiedades.
El abogado de Moreno alegó en su recurso una supuesta falta de motivación de la decisión del juez; que su cliente tiene 74 años; su arraigo en España; que carece de antecedentes penales; ser una persona con relevancia pública, que opera en el sector del espectáculo desde hace 40 años e, incluso, que «se encuentra desarrollando como productor ejecutivo un proyecto audiovisual cuya eventual cancelación supondría un grave perjuicio para un importante número de trabajadores implicados». En otras palabras; se quedarían en el paro.
Respuesta del fiscal
La Fiscalía respondió a este recurso con un informe en el que aporta algunas claves interesantes de la situación. Así, recuerda la gravedad de los delitos que se imputan al conocido productor –«al menos» los de estafas reiteradas, falsedad documental, contra la Hacienda Pública e integración en organización criminal, aunque con el tiempo podrían aumentar– «y la correlativa gravedad de la pena que está prevista» para los mismos. Y añade en este punto: «Efectivamente, los indicios que condujeron a la detención del imputado recurrente se han fortalecido».
Pero el ministerio público hizo más consideraciones, recogidas en el auto judicial conocido ayer, en especial en lo que se refiere al riesgo de fuga de este investigado. Asegura el fiscal que «dicho peligro late con todo su vigor, dadas, además, las capacidades económicas de las que ha hecho alarde el recurrente a lo largo de la investigación. Este peligro se ve acrecentado por la gravedad de las penas, que constituye un aliciente lo suficientemente vehemente como para que el imputado trate de ponerse fuera del alcance de la Justicia».
«Dicha capacidad económica (reconocida por el recurrente en cuantía de 23 millones de euros) permite justificar el importe de la fianza, por cuanto, de ser más modesta, la convertiría en ineficaz a los fines pretendidos», añade el escrito de Fiscalía, que concluye: «El alegato formulado de adverso en relación a su arraigo –otro de los motivos esgrimidos por la defensa de Moreno– podría ser tenido en cuenta en ulterior momento procesal (...) pero cede frente a los expuestos anteriormente en el contexto del estado inicial de las actuaciones. Tampoco la imposición de otras medidas menos restrictivas (...) mitiga con suficiencia el riesgo elusivo de la acción de la justicia». Por último, no se mostró contrario a aceptar una fianza hipotecaria.
Cuantía
En su auto, el juez Ismael Moreno atiende el criterio de la Fiscalía y explica que se dan todas las circunstancias para pedir una fianza: indicios racionales de delito y que la pena que lleven aparejada sea superior a los dos años. En cuanto a la cuantía, explica que «se estimó conforme a las condiciones económicas y posibilidades del investigado», que son muy elevadas como reconoce el propio Moreno.
Para hoy están previstas las comparecencias de más implicados en la operación Titella a los que el juez impuso una fianza para evitar la cárcel. El individuo clave de la organización, Antonio Aguilera, que era quien tenía los contactos con los distintos clientes, tenía que depositar en el juzgado 200.000 euros. Si no lo hace, el fiscal tiene intención de pedir su inmediato ingreso en prisión.
Además, el magistrado fijó una caución por el mismo importe para Antonio José Salazar y para Gerardo García Quintero; y de 10.000 euros para Viviana Domínguez, Raúl Pontvianne, José Luis Meseguer y Marta Dillet. Cuatro de ellos tienen hasta hoy para hacerla efectiva.