Cuestión de orientación

Leído así, sin entrar en detalles ni matices, la propuesta de la ministra de Trabajo tiene bastante sentido. Toda modificación sustancial de las condiciones salariales y las del desempeño global del trabajo debería ser razonada y responder a alteraciones previas del mercado. No veo problema con la enunciación del principio garantista, pero sí aparece en la filosofía que sustenta todas las propuestas del ministerio, dirigidas siempre a satisfacer deseos, convirtiéndolos de manera inmediata en derechos inalienables y en desconocer que en el mundo real absolutamente todo cambia de manera constante. De lo que se trata, o de lo que debería tratarse, es de permitir a las empresas el necesario espacio de libertad para que puedan acomodarse a los vaivenes permanentes de la coyuntura, garantizando, claro está, la inexistencia de abusos por parte de las empresas. Lo primero es un principio imprescindible para asegurar la supervivencia del tejido empresarial. Lo segundo es una deriva lógica y ajustada a derecho.

Pero, a pesar de su carácter amable y de su encomiable tendencia al acuerdo, el ministerio está dirigido por una indisimulada comunista. Una realidad que cuando se recuerda parece molestar a todo el mundo, menos a la propia interesada que lo recuerda con frecuencia. Quizás sea por eso que este Gobierno acostumbre a mirar con recelo al sector privado y que esté siempre presto a erosionar su libertad y remiso a promocionar su actividad. El Gobierno intenta cambiar la reforma laboral del PP –cuyo éxito demuestran las estadísticas– para dirigirla hacia una recuperación del poder que tuvieron los sindicatos y no hacia la creación de empleo que es nuestra primera prioridad. El problema al que se enfrenta Díaz es conjugar las promesas a los sindicatos y a los partidos que sustentan el Gobierno con las necesidades de las empresas y las exigencias de la UE que ve con recelo las veleidades contrarias a la libertad.

La CEOE pactó la reciente reforma de las pensiones a sabiendas de que era insuficiente pero consciente de que carecía de coste directo e inmediato apreciable para ellas. Aquí no será igual porque la implicación es total y las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso, si el Gobierno pretende cerrar este capítulo con acuerdo deberá realizar modificaciones sustanciales en sus posturas actuales. El reto de Díaz para mantener su historial de acuerdos.