Aragonès se resigna y deja sin aval a Junqueras, Mas y Puigdemont
El Govern fracasa en la búsqueda de bancos privados que intermedien en el pago de las fianzas del Tribunal de Cuentas
Asu suerte. Es decir, sin aval público. Al menos, de momento. El Govern catalán no ha encontrado ningún banco privado que quiera afianzar los 5,4 millones de euros que 34 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes autonómicos Artur Mas y Carles Puigdemont, así como Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell, tienen que depositar hoy como muy tarde en el Tribunal de Cuentas, en tanto que posibles responsables contables del gasto ilegal del ‘procés’ en el extranjero entre los años 2011 y 2017. Pero tampoco lo hará a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), organismo de la Generalitat que ya tiene transferidos los 10 millones de euros y que, sobre el papel, garantiza la operación.
Jaume Giró, consejero de Economía y Hacienda, anunció ayer, tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo catalán, que, tras ver frustrada por ahora la operación pantalla creada por el Govern catalán, al no encontrar bancos privados que intermedien entre la Hacienda pública y los implicados en el Tribunal de Cuentas, dio la orden para que el ICF no avale las fianzas de los ex altos cargos autonómicos. «He decidido no someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación, que si tenemos en cuenta los antecedentes que se han vivido en este país últimamente, bien seguro que provocaría angustia, inquietud y miedo, tanto a ellos como a sus familias», señaló el consejero autonómico, pese a que el decreto-ley aprobado el 6 de julio permite al ICF hacer las funciones de avalista temporalmente hasta que alguna entidad privada quiera participar en la operación.
El «miedo» y la prensa
«A día de hoy [por ayer], las primeras entidades financieras con las que hemos contactado, tanto bancos como cooperativas de crédito, todos con un negocio significativo en Cataluña, no han considerado oportuno aceptar nuestra oferta para formalizar la garantía de esta operación», indicó Giró, que definió la gestión global del Govern catalán como algo meramente «técnico», y que, desde su punto de vista, «no tiene riesgo financiero, riesgo jurídico o riesgo comercial».
En este sentido, dijo, no le consta que esta negativa de las entidades financieras a las que acudió la Generalitat –cuyos nombres no quiso desvelar– sea consecuencia de presiones del Banco de España, por ejemplo, como se le preguntó durante la rueda de prensa. Tampoco le constan presiones políticas. Sin embargo, advirtió que «el miedo, a veces, lo infravaloramos, pero está entre nosotros». Y sí señaló a la prensa, cuando apuntó en varias ocasiones que: «Las razones (de la negativa de los bancos) no las sé. Pero ha habido muy poco tiempo y mucho ruido (mediático), que no ha ayudado».
En cualquier caso, Giró defendió que el Govern está haciendo lo adecuado y tanto él como el resto de consejeros no descansarán «hasta encontrar la solución para proteger a los trabajadores públicos y su presunción de inocencia», por lo que, añadió: «Persistiremos en las diversas vías abiertas».
Mientras tanto, el decreto-ley que crea el Fondo Complementario de Riesgos (FCR) debe ser convalidado por el Parlamento de Cataluña. El Govern mantiene su intención de que así sea. Pero este trámite está a la espera de que se pronuncie el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), una vez que el PSC, Cs y el PP acudieron a esta institución
ERC habría contactado con entidades financieras para asumir parte de las fianzas y Junts pidió a la militancia ayuda urgente económica
estatutaria para que valore (en un dictamen no vinculante) la legalidad, en fondo y forma, del propio texto normativo aprobado el 6 de julio.
Sin entidad gestora
La convalidación, sin embargo, no será un problema para Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, y el propio Giró, pues la CUP avanzó ayer que votará a favor del decreto-ley, al margen de lo que opine el CGE. Tampoco el PSC, pese a presentar una impugnación ante el CGE, tiene decidido su voto en contra al decreto-ley cuando llegue al Parlamento catalán, que podría ser después del 29 de julio, fecha que tiene como límite el CGE para emitir su dictamen sobre este asunto.
De todas formas, el Govern no solo está teniendo problemas con los bancos privados o las entidades financieras para intermediar entre la Generalitat y el Tribunal de Cuentas. Giró informó de que la entidad gestora de los 10 millones de euros de dinero público –ya transferidos al ICF– que se encargará de todos los trámites de los avales, para este caso que afecta a 34 ex altos cargos y otros de futuro, sigue sin crearse y, por lo tanto, sin conocerse los miembros que formarán parte de ella y que decidirán si se avala o no a los que soliciten beneficiarse del dinero del fondo público.
Ante esta situación, Junts y ERC están moviendo todos los hilos posibles para asumir, al menos, parte de las fianzas. Los de Oriol Junqueras, según fuentes no oficiales del partido, habrían contactado con entidades financieras para que avalaran parte de los 5,4 millones; mientras que Jordi Sànchez pidió a la militancia de Junts que ayude económicamente de manera urgente.